La jueza federal Mariel Borruto aceptó al Municipio de Río Grande como parte interesada en la causa contra Rockhopper y Navitas por el proyecto hidrocarburífero León Marino en aguas de las Islas Malvinas.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, admitió al Municipio de Río Grande como parte interesada en la causa judicial iniciada contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada al proyecto de explotación de hidrocarburos León Marino en el área de las Islas Malvinas.
La decisión habilita formalmente al Municipio a intervenir en el proceso y acompañar el reclamo impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
El intendente Martín Perez informó la resolución a través de sus redes sociales. Según indicó el Municipio, la presentación fue realizada por la Asesoría Letrada comunal para intervenir en una causa que aborda la explotación hidrocarburífera proyectada en el Atlántico Sur y sus posibles implicancias ambientales, sobre los recursos naturales y los espacios marítimos bajo reclamo de soberanía argentina.
Una acción preventiva ambiental
La causa fue iniciada como una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva. El expediente plantea la necesidad de prevenir posibles impactos derivados de la actividad hidrocarburífera proyectada en el área de las Islas Malvinas.
En ese marco, el proceso contempla la aplicación de normativa ambiental argentina y disposiciones vinculadas con la protección del ambiente y la gestión de residuos peligrosos.
La participación de Río Grande se sustenta en las responsabilidades fijadas en la Carta Orgánica Municipal en materia de defensa del ambiente, los recursos naturales y los intereses de la ciudad. También se fundamenta en la condición de la ciudad como localidad ribereña de la costa atlántica.
La incorporación no implica una definición judicial sobre el fondo de la denuncia ni sobre la eventual responsabilidad de las empresas. Sí permite al Municipio participar formalmente, presentar argumentos y aportar elementos vinculados con los posibles efectos ambientales y territoriales del proyecto.
El proyecto León Marino
La causa involucra a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, empresas vinculadas con el desarrollo hidrocarburífero conocido como León Marino, o Sea Lion en su denominación en inglés.
El proyecto prevé la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, una zona de relevancia geopolítica, ambiental y económica para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Uno de los ejes del reclamo es el posible impacto de la actividad petrolera sobre los ecosistemas marinos y la biodiversidad del Atlántico Sur. La discusión también abarca los recursos naturales de la región y los derechos soberanos que Argentina reclama sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Soberanía, ambiente y recursos
La participación municipal incorpora al expediente la perspectiva de una ciudad fueguina directamente vinculada con el litoral atlántico y con la proyección argentina hacia el Atlántico Sur.
Para Río Grande, la causa combina dos dimensiones: por un lado, el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas; por otro, la necesidad de establecer medidas de prevención frente a eventuales consecuencias ambientales de una explotación offshore.
El Municipio sostuvo que la medida se suma a las acciones institucionales que la ciudad desarrolla en defensa de los recursos naturales de Malvinas y del Atlántico Sur.
La resolución de la jueza Borruto constituye así un paso procesal que habilita a Río Grande a tener intervención en un expediente donde confluyen la protección ambiental, los recursos naturales y la cuestión Malvinas.
Qué puede hacer el Municipio
Al ser reconocido como parte interesada, el Municipio podrá intervenir en el proceso judicial, acompañar presentaciones, aportar informes y sostener su posición sobre la protección de los ecosistemas y recursos del Atlántico Sur.
La causa seguirá su trámite ante la Justicia Federal. El avance de las actuaciones determinará las medidas que puedan adoptarse dentro del expediente y el alcance de la eventual discusión sobre la actividad hidrocarburífera proyectada en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.
