Un informe de CEPA critica el “paquete histórico” del Gobierno: endurece sanciones a petroleras en Malvinas pero deja sin resolver choques con proveedores de Vaca Muerta. También cuestiona dividendos en Ecogas, crisis en RefiPampa y el traslado de costos de baterías a usuarios.
El Gobierno nacional endureció este viernes las sanciones por actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina cercana a las Islas Malvinas y vinculó el cumplimiento de esa prohibición con la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, un informe del Centro de Estudios para la Producción y el Trabajo (CEPA) advierte que el “paquete histórico” anunciado tiene menos de nuevo de lo que el relato oficial sugiere y deja sin resolver contradicciones operativas de alto impacto.
El Decreto 868/2026 reglamenta la Ley 26.659, sancionada en 2011, que prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin habilitación nacional. Lo que cambia ahora es la velocidad del procedimiento sancionatorio: la Cancillería queda como autoridad de aplicación y deberá resolver en plazos abreviados, con 10 días hábiles para el descargo del imputado y otros 10 para dictar resolución.
El “gancho” con el RIGI y las primeras críticas
El punto que más incomoda a las grandes petroleras internacionales es el artículo que engancha el RIGI con Malvinas. A partir de ahora, cualquier empresa que quiera adherir al régimen de incentivos deberá firmar una declaración jurada certificando que ni ella, ni sus accionistas, ni sus proveedores tienen participación directa o indirecta en actividades hidrocarburíferas ilícitas en las zonas circundantes a las Islas.
La misma exigencia se extendió a los permisos de exploración y concesiones bajo la Ley 17.319 de hidrocarburos. Según indicó la Cancillería, ya se enviaron 180 notas diplomáticas a 29 países para advertir a firmas de servicios petroleros, financieros, de seguros y logísticos que podrían quedar alcanzadas por las sanciones.
El canciller Pablo Quirno lo dijo sin vueltas: las empresas “van a tener que decidir” entre operar en Malvinas “en una zona disputada con una legalidad incierta” o venir a la Argentina, donde hay “reglas claras, previsibilidad y oportunidades”. Pero el informe de CEPA señala que, en la práctica, la disyuntiva no es tan nítida y puede terminar afectando operaciones clave en Vaca Muerta.
60 procesos en curso, pero con zonas grises
Desde la publicación del decreto, el Gobierno inició procesos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas por presuntas violaciones a la Ley 26.659. La lista incluye a las operadoras del proyecto Sea Lion, la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, pero también a sus directivos, accionistas, gerentes y proveedores de servicios.
Navitas ya estaba inhabilitada por 20 años desde 2022. Rockhopper corre la misma suerte desde 2012. Harbour Energy, surgida de la fusión entre Chrysaor Holdings y Premier Oil PLC (compañía sancionada), plantea una paradoja: la Secretaría de Energía aún no resolvió su expediente, pero la firma participa en el proyecto de GNL Southern Energy y es titular de áreas como “Cuenca Marina Austral I”.
El expediente sobre Chevron Argentina S.R.L. también podría presentar la misma paradoja, dado que años atrás Chevron Corporation adquirió Noble Energy Inc., otra empresa sancionada.
Multas, inhabilitaciones y pena de prisión
La ley prevé inhabilitaciones de 5 a 20 años, reversión de concesiones al Estado y multas equivalentes al valor de hasta 1.500.000 barriles de petróleo WTI. Para una petrolera mediana, es una condena a muerte. Para una grande, es un cálculo de riesgo que ya no cierra.
Además, el artículo 7° de la ley vigente establece penas de 5 a 10 años de prisión para directores, gerentes o representantes que hayan intervenido en los hechos punibles. La sola condición de director no genera responsabilidad automática, pero la exposición personal cambia el tablero: ya no es solo la empresa la que arriesga, son los ejecutivos que firman las decisiones.
La contradicción con Vaca Muerta
Varias de las empresas que el Gobierno dice que va a sancionar ya operan en el país, tienen contratos firmados, inversiones en curso y vínculos comerciales con las principales operadoras de Vaca Muerta. Las empresas de servicios petroleros SLB (ex Schlumberger), Baker Hughes y Halliburton tienen una presencia central en el shale argentino. Trabajan con YPF, Vista Energy, Tecpetrol y Pluspetrol. Las tres salieron a aclarar, después del anuncio, que no participarán en proyectos en Malvinas.
El antecedente más incómodo, según CEPA, es el de un proveedor estratégico del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): la misma compañía que fabricó las monoboyas que utilizará el proyecto estrella de transporte de crudo argentino también trabaja para Sea Lion. Si el Gobierno sanciona a los proveedores de las petroleras que operan en Malvinas, puede encontrarse con que está sancionando a empresas que son clave para la infraestructura de exportación de Vaca Muerta. La contradicción no es teórica: es operativa. Y el decreto, por ahora, no dice cómo se resuelve.
Fertilizantes: industrializando el gas a largo plazo
Un informe presentado en Montevideo por la OLACDE y CAF puso números a una idea que viene madurando hace años: con Vaca Muerta y el presal brasileño, el Mercosur y Chile podrían sustituir la totalidad de la urea que hoy importan. La región consumió 21,4 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados en 2025 y produjo apenas 1,8 millones. El 92% de la demanda se abasteció con productos importados por USD 6.513 millones.
Para revertirlo haría falta incorporar 10 millones de toneladas de nueva producción, con una inversión cercana a los USD 15.000 millones y un consumo incremental de gas de unos 12 millones de metros cúbicos diarios. El estudio concluye que la producción regional puede ser competitiva frente a las importaciones incluso con gas a USD 14 por MMBTU, y que Argentina podría sumar 3,5 millones de toneladas anuales de capacidad.
El primer paso concreto en Argentina ya está dado. El Ministerio de Economía aprobó la adhesión de Fértil Pampa al RIGI mediante la Resolución 1468/2026, con una inversión de USD 2.693 millones. El proyecto son dos plantas de urea de 3.000 toneladas diarias cada una, más una planta de amoníaco de 3.450 toneladas diarias en el Puerto de Ingeniero White, con gas de Vaca Muerta como insumo.
RefiPampa: el proyecto que no funcionó
La empresa entró en una fase crítica y hay sospechas de vaciamiento. El concurso preventivo de acreedores, que tramita ante el juez Carlos Bonino, verificó en julio una deuda de $80.000 millones repartida entre 110 acreedores. El contraste con el origen de la crisis es brutal: hace apenas nueve meses, cuando pidió abrir el concurso, RefiPampa buscaba renegociar cheques por $5.500 millones. En menos de un año, el pasivo verificado se multiplicó casi 15 veces.
La lista de acreedores golpea fuerte al sector público. ARCA reclama más de $22.000 millones, el Banco Nación supera los $8.550 millones y la Dirección General de Rentas de La Pampa acumula más de $4.510 millones. A eso se suma el socio minoritario, Pampetrol SAPEM (la petrolera estatal pampeana que retiene el 20%), con $3.330 millones verificados.
El ahogo diario queda retratado en la Central de Deudores del BCRA. Los cheques rechazados de RefiPampa llegan a casi $12.000 millones, todos con la misma causal: “Sin Fondos”. La deuda total en el sistema financiero supera los $29.500 millones, calificada íntegramente como riesgo alto o irrecuperable. Y lo que más indigna a los acreedores es que, en medio de ese colapso, el último balance semestral muestra que la empresa siguió distribuyendo ganancias entre sus accionistas.
Ecogas reparte dividendos mientras le debe a Enarsa
El directorio de Ecogas aprobó el reparto de dividendos en efectivo por casi $83.000 millones, mientras la distribuidora acumula una deuda con Enarsa por un monto parecido. Según la comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores, los directores resolvieron distribuir $82.921.986.571. De ese total, $64.632.469.157 son dividendos anticipados imputables al ejercicio 2026.
La decisión tiene un detalle que no pasa desapercibido: la compañía mantiene facturas impagas con Enarsa por unos $93.000 millones, de los cuales $66.600 millones corresponden a Ecogas Centro y el resto a Ecogas Cuyana. A eso podría sumarse otra deuda de $60.000 millones por el GNL provisto este invierno, cuyas facturas todavía no vencieron.
El cuadro es difícil de digerir: una empresa que abastece a un millón y medio de usuarios en seis provincias reparte utilidades en dólares a sus accionistas al mismo tiempo que le debe al Estado casi la misma cifra por gas que nunca terminó de pagar.
El RA-10 ya tiene fecha, pero le falta el modelo de negocio
El RA-10 ya tiene fecha de arranque, pero todavía no tiene quién lo opere ni quién ponga la plata que falta. Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, confirmó que el reactor multipropósito del Centro Atómico Ezeiza alcanzará la criticidad antes de fin de año y entrará en operación plena en el segundo semestre de 2027. El avance de obra es del 96%, con USD 600 millones invertidos y 530 personas trabajando en el predio.
El problema aparece después: para multiplicar por cinco la producción de radioisótopos del viejo RA-3 y cubrir el 20% del mercado mundial de molibdeno-99, hace falta una planta asociada que requiere USD 200 millones que el Estado no quiere poner solo. La salida que imagina el Gobierno es una empresa mixta, con la CNEA manteniendo los activos y una acción de oro, y un socio privado que aporte el capital.
El modelo se parece al de CONUAR, la fábrica de elementos combustibles que desde hace cuatro décadas tiene a Pérez Companc como accionista mayoritario. La nueva compañía podría entrar al RIGI, cuyo vencimiento el año que viene apura los tiempos.
Neuquén: sacan el beneficio a countries y depuran trámites
La Secretaría de Energía sumó al Gran Neuquén al sistema de georreferenciación que ya funciona en el AMBA y Córdoba, y con eso les quitó el subsidio energético a unos 500 usuarios de countries y barrios cerrados que lo cobraban sin cumplir los criterios de focalización. La medida salió publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 11/26.
El mecanismo cruza datos de urbanizaciones cerradas con los padrones del Ente Provincial de Energía del Neuquén, las cooperativas CALF, CEEZ, COPELCO y de Plottier, y el ENReGE. Todos los usuarios y solicitantes que caen dentro de las zonas georreferenciadas quedan categorizados automáticamente como “sin beneficio”.
Las baterías del GBA ya tienen quién las pague: los usuarios
Desde agosto, los usuarios de Edenor y Edesur empezaron a pagar en la factura las baterías que el Gobierno licitó para reducir los cortes en el AMBA. La Secretaría de Energía incluyó los “costos asociados” de la convocatoria Alma GBA en la reprogramación trimestral de precios mayoristas para agosto-octubre.
Traducido a facturas, un usuario de Edenor con consumo alto (650 kWh mensuales) paga $2.261 adicionales, mientras que uno de consumo medio aporta $1.044. En Edesur, el recargo llega a $2.087 para consumos altos y $963 para los medios.
El año pasado el Gobierno adjudicó a diez empresas 713 MW en baterías BESS, un esquema en el que los oferentes construyen e instalan los equipos, pero tienen garantizada una remuneración, entreguen energía o no, que les permite repagar la inversión y ganar. La novedad es que ese repago ahora sale del bolsillo de los usuarios.
Agenda regulatoria y normativa
- Decreto sobre Malvinas con prohibiciones y sanciones (Decreto 868/2026): Se designa a la Cancillería como Autoridad de Aplicación de la Ley 26.659 y se endurece el procedimiento sancionatorio. Se incorpora como requisito de adhesión al RIGI una declaración jurada sobre no participar en actividades prohibidas.
- Mendoza se queda con las regalías de Los Nihuiles (Decreto 982/2026): Se derogó el Decreto 1560/73 que repartía en partes iguales la regalía hidroeléctrica de Los Nihuiles entre Mendoza y La Pampa. Ahora Mendoza pasa a percibir el 100%.
- RIGI para la ampliación del complejo MEGA (Resolución 1381/2026): Se aprobó la adhesión al RIGI del proyecto “Ampliación Mega” de Compañía Mega S.A. con una inversión de USD 365 millones.
- Fin del Plan Gas.Ar (Resolución 224/2026): María Tettamanti confirmó que el Plan Gas.Ar no se va a renovar y aclaró que la negociación quedará entre privados.
Colofón: entre discurso soberano y retiro del Estado
Entre contradicciones normativas y desregulación de precios, la política energética oscila entre el discurso soberano y el retiro del Estado. La falta de articulación entre la infraestructura de exportación en Vaca Muerta y los marcos sancionatorios, sumada al traslado de costos a los usuarios mientras se convalidan deudas y dividendos privados, reitera un patrón conocido: el mercado fija las reglas de rentabilidad, pero la sociedad sostiene las pérdidas y los costos del sistema.
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Fuente: CEPA
