Los abogados de Cristina Kirchner incorporaron al reclamo ante la ONU una planilla sobre fondos viales entre 2009 y 2015. Sostienen que el Grupo Austral recibió el 0,85% de los recursos y que el decreto 54/2009 no buscó favorecer a Lázaro Báez.
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes lo que definieron como una nueva prueba documental para cuestionar la condena dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella.
El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. Los letrados informaron que el nuevo elemento ya fue incorporado a la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde la defensa busca revertir la sentencia y cuestionar la inhabilitación política de la exmandataria.
Según expusieron, la documentación se vincula con el destino de los recursos del fideicomiso vial administrado entre 2009 y 2015, período comprendido en la investigación judicial.
La planilla incorporada desde la causa Cuadernos
Beraldi explicó que el elemento surgió a partir de la declaración de un funcionario técnico de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de la causa Cuadernos.
De acuerdo con el abogado, el testigo presentó una planilla de cálculo con 80 columnas de información sobre la ejecución presupuestaria y las obras financiadas durante el período investigado.
La defensa sostuvo que, a partir de esos datos, un equipo de economistas brasileños encabezado por Antonio Correa de la Cerda —expresidente del Consejo Federal de Economía de Brasil— realizó un análisis sobre la asignación de fondos.
“El hallazgo fue fortuito”, afirmó Beraldi, al señalar que la información fue identificada hace aproximadamente un mes en el marco de otra investigación judicial.
La defensa afirma que Grupo Austral recibió el 0,85%
Según el análisis presentado por los abogados, durante el período 2009-2015 se destinaron más de USD 2.000 millones a obras financiadas por el fideicomiso vial.
La defensa indicó que el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, recibió el 0,85% de esos recursos. En la conferencia, Beraldi lo resumió como “menos del 1%” del total analizado.
“La inversión que se hizo es enorme, más de 2.000 millones de dólares, y lo asignado a Lázaro Báez es menos del 1%. Esto demuestra con un dato concreto que lo que se dijo en la sentencia, de que se quiso favorecer a Lázaro Báez con un decreto, es falso”, sostuvo el defensor.
Para los abogados de la expresidenta, el dato cuestiona uno de los fundamentos centrales de la condena: que el Decreto 54/2009 habría sido utilizado para direccionar recursos hacia empresas vinculadas a Báez.
Qué plantea la defensa sobre el decreto 54/2009
La defensa argumentó que el Decreto 54/2009 fue una norma de alcance general destinada a financiar obras viales en distintos puntos del país y no una herramienta creada para beneficiar a un empresario específico.
Beraldi aseguró que las imputaciones fueron “absolutamente falsas” y cuestionó que, durante el juicio, se rechazara una pericia contable propuesta por la defensa.
Por su parte, Rafael Valim sostuvo que la nueva documentación representa un “giro decisivo” para la estrategia judicial. Según explicó, hasta ahora la defensa cuestionaba la existencia de fundamentos jurídicos para la condena, mientras que con el análisis de los fondos también busca discutir el sustento fáctico de la sentencia.
“Podemos, de una manera técnica, decir que se creó una mentira para condenar a la presidenta Cristina”, afirmó Valim durante la conferencia.
El abogado brasileño señaló además que las empresas que encabezaron el ranking de asignaciones no estarían vinculadas al Grupo Austral y mencionó que una firma asociada a un familiar de Mauricio Macri habría concentrado alrededor del 16% de los recursos, según el relevamiento expuesto por la defensa.
La condena y el reclamo internacional
Cristina Kirchner fue condenada en la causa Vialidad por hechos vinculados con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. La sentencia incluyó una pena de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa insiste en que la condena es injusta y que la nueva información permite cuestionar la premisa de que el decreto fue dictado para beneficiar de manera dirigida a Lázaro Báez.
Los abogados buscan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU analice el caso, con especial foco en la inhabilitación política de la exmandataria. Según indicaron, existe una audiencia prevista para la segunda quincena de octubre.
La presentación internacional no reemplaza los mecanismos judiciales locales, pero integra la estrategia de la defensa para cuestionar la condena en ámbitos de derechos humanos.
Las vías que evalúa la defensa
Javier Borrego explicó que el equipo jurídico analiza tres caminos: la presentación ante Naciones Unidas, un eventual recurso de revisión y mecanismos internos dentro de la Justicia argentina.
“Esto tiene tres vías: las Naciones Unidas, la vía del recurso de revisión y una vía interna que si alguien tuviera conocimiento lo resolvería fácil”, expresó.
Beraldi señaló que un recurso de revisión puede contemplar la aparición de un elemento nuevo. Sin embargo, aclaró que la estrategia actual se concentra en el plano internacional.
“Vamos a ir paso por paso. Una vez que tengamos una respuesta de la ONU, nuestro propósito fundamental es que esta condena caiga y que Cristina recupere su libertad y sus actividades políticas”, afirmó el abogado.
La información presentada en la conferencia representa la posición de la defensa de Cristina Kirchner. La eventual incorporación de estos datos a una revisión judicial y su valoración como prueba dependerán de las instancias competentes.
