La Sala I de la Cámara Federal confirmó el cierre de la investigación por el préstamo de USD 57.100 millones. La decisión benefició a Macri y a tres funcionarios del actual Gobierno: Caputo, Sturzenegger y Bausili.
La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la causa que investigaba la negociación, firma y ejecución del préstamo de USD 57.100 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri.
La decisión benefició al expresidente Macri y a varios exfuncionarios de su gestión, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
El fallo fue firmado por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, integrantes de una Sala I que quedó conformada recientemente tras las designaciones aprobadas por el Senado. La coincidencia temporal entre la nueva integración del tribunal y el cierre de una causa que alcanzaba a funcionarios relevantes del gobierno de Javier Milei reavivó cuestionamientos sobre la independencia y los tiempos de la Justicia federal.lanacion.com+1
La resolución rechazó el pedido de la Fiscalía para reabrir la investigación y dejó firme el archivo que había dispuesto en febrero la jueza federal María Eugenia Capuchetti. El tribunal sostuvo que, luego de más de cinco años de pesquisa, no se acreditaron delitos.infobae+1
El préstamo de USD 57.100 millones
La investigación se inició en 2019 a partir de denuncias por presunta defraudación en torno a la negociación, suscripción, ejecución y destino de los desembolsos del acuerdo con el FMI.
El crédito fue acordado inicialmente en 2018 por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.100 millones. Se trató del mayor préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional a un país.lanacion.com+1
La causa analizaba posibles irregularidades en el procedimiento utilizado para tomar la deuda, la falta de determinadas intervenciones administrativas y la trazabilidad de los recursos desembolsados.
Entre los investigados figuraban:
- Mauricio Macri, expresidente de la Nación.
- Luis Caputo, actual ministro de Economía.
- Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
- Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central.
- Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda.
- Otros funcionarios de la administración de Cambiemos vinculados con el acuerdo de 2018.
Qué se investigaba
La investigación judicial apuntaba a establecer si se habían cometido delitos durante la toma del crédito y el uso de los fondos.
Entre los puntos cuestionados estaban la falta de un decreto presidencial para formalizar el préstamo, la ausencia de intervención del jefe de Gabinete, el rol del Ministerio de Hacienda en vez del Ministerio de Finanzas, la falta de un dictamen del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos y la apertura tardía de expedientes administrativos.
La Fiscalía había sostenido que aún quedaban medidas de prueba pendientes, entre ellas profundizar la trazabilidad de los desembolsos y revisar posibles vínculos entre funcionarios, operadores financieros y salidas de divisas.
Sin embargo, los camaristas consideraron que los elementos reunidos no permitían sostener una hipótesis penal.
El argumento de la Cámara
La Sala I consideró que el acuerdo con el FMI se tomó en un contexto de “urgencia financiera reconocida” y sostuvo que la discusión sobre el acierto, desacierto o conveniencia de una decisión económica no corresponde al Poder Judicial si no se acredita la existencia de un delito.
Los jueces también analizaron documentación de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, el Banco Central, expedientes administrativos y testimonios incorporados durante la investigación.
La Cámara concluyó que esos elementos no alcanzaban para demostrar que la toma del préstamo hubiera tenido como finalidad perjudicar al Estado o beneficiar de manera ilícita a funcionarios o terceros.
El informe de la SIGEN
Uno de los documentos analizados fue un informe de la Sindicatura General de la Nación que estimó un perjuicio patrimonial para el Estado nacional de USD 29.618 millones.
Para la Cámara, la existencia de ese perjuicio no alcanzaba, por sí sola, para configurar un delito. Los jueces entendieron que no se demostró una disposición deliberadamente ruinosa de los recursos ni una sustracción destinada a beneficiar a personas determinadas.
Con ese criterio, ratificaron el cierre de la investigación.
La nueva Sala I y las dudas
La resolución fue adoptada por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, luego de que este último se incorporara a la Sala I de la Cámara Federal porteña.
El dato no prueba, por sí solo, que las designaciones judiciales hayan tenido relación con el resultado de la causa. Sin embargo, la secuencia política y judicial genera interrogantes: una sala cuya conformación fue completada recientemente resolvió el cierre definitivo de un expediente que involucraba a un expresidente aliado de Milei y a tres funcionarios centrales de su actual administración.
Caputo ocupa el Ministerio de Economía; Sturzenegger conduce el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado; y Bausili preside el Banco Central. Los tres tuvieron responsabilidades durante el gobierno de Macri, en el período en que se negoció y ejecutó el acuerdo con el FMI.
La coincidencia deja una pregunta abierta: ¿se trató de una resolución judicial basada exclusivamente en la prueba reunida o de una decisión favorecida por un nuevo escenario político e institucional?
Esa pregunta no tiene, hasta el momento, una respuesta judicial que vincule los nombramientos con el fallo. Pero forma parte del debate público que se abrió luego de la decisión de la Cámara Federal.
Otro fallo favorable para Caputo
La decisión en la causa por el préstamo del FMI se conoció poco después de que la misma Sala I confirmara el sobreseimiento de Luis Caputo en otra investigación vinculada con la emisión del bono a 100 años durante el gobierno de Macri.
En ese expediente, Caputo era investigado por presunta omisión maliciosa en declaraciones juradas, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos.
La denuncia estaba relacionada con su vínculo con Noctua Partners LLC, firma que habría adquirido títulos de deuda emitidos cuando Caputo se desempeñaba como ministro de Finanzas. Los jueces Llorens y Bertuzzi consideraron que no se comprobó una confusión entre intereses públicos y privados.
La sucesión de fallos favorables reforzó los cuestionamientos de sectores que observan con preocupación la resolución de causas sensibles que involucran a dirigentes y funcionarios de dos administraciones políticamente cercanas.
Una causa cerrada
Con el fallo de la Sala I, quedó firme el archivo dispuesto por la jueza Capuchetti y la causa por el acuerdo con el FMI de 2018 quedó cerrada.
La Cámara sostuvo que no hubo elementos suficientes para avanzar hacia una imputación penal. La Fiscalía había entendido lo contrario y pidió continuar la investigación, pero su planteo fue rechazado.
La decisión judicial no modifica el peso económico, social y político que tuvo el préstamo tomado durante el gobierno de Macri. Tampoco cierra el debate sobre el endeudamiento, las responsabilidades administrativas y el impacto que el acuerdo con el FMI tuvo sobre la economía argentina.
Lo que sí queda cerrado, por ahora, es el expediente penal que buscaba establecer si en aquel proceso se cometieron delitos.
