El Gobierno fueguino cuestionó la operación de un petrolero de bandera británica en Ushuaia y reclamó explicaciones a Nación. La Provincia sostiene que existe una contradicción entre la intervención del puerto en nombre de su carácter estratégico y la autorización de esta operación.
El Gobierno de Tierra del Fuego repudió la operación de un buque petrolero de bandera británica en el Puerto de Ushuaia y exigió al Gobierno nacional que explique públicamente bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos fue autorizada la maniobra.
El cuestionamiento fue difundido este lunes mediante un comunicado oficial de la Provincia, que puso el episodio en el centro de la disputa política por la administración del puerto y, especialmente, por la cuestión de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
La Provincia sostiene que existe una contradicción entre los argumentos utilizados por Nación para intervenir el Puerto de Ushuaia —entre ellos su carácter estratégico para la Argentina— y la autorización de una operación realizada por una embarcación de bandera del Reino Unido.
La intervención nacional está formalmente respaldada por la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en enero, que dispuso por 12 meses la intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria y asignó a la Agencia la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto. La norma también reconoció expresamente el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia para el desarrollo antártico.
La Provincia exige explicaciones por el buque británico
El Ejecutivo fueguino considera que la presencia del petrolero británico resulta incompatible con la sensibilidad soberana que, según plantea, debería regir en el principal puerto de la capital provincial.
“Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia”.
El comunicado no identifica por nombre al buque ni detalla públicamente las características de la operación. Por eso, el punto central del reclamo provincial es que Nación informe bajo qué criterios autorizó la operación.
La denuncia política se formula, además, sobre un puerto cuya administración se encuentra actualmente bajo intervención nacional.
La contradicción que señala Tierra del Fuego
La Provincia cuestiona específicamente que el Gobierno nacional haya justificado la intervención del puerto apelando a su carácter de activo estratégico y a la necesidad de preservar intereses nacionales en el Atlántico Sur.
La Resolución 4/2026 efectivamente señala que Ushuaia es un puerto estratégico por su ubicación en el Atlántico Sur, su cercanía con la Antártida y su importancia para el abastecimiento y las campañas científicas.
Sobre esa base, Tierra del Fuego plantea una pregunta política: si la soberanía y el carácter estratégico del puerto fueron utilizados como argumentos para intervenirlo, ¿cómo se compatibiliza esa decisión con la autorización de una operación de bandera británica?
El comunicado provincial sostiene:
“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular”.
Ushuaia y su valor estratégico en el Atlántico Sur
El Gobierno fueguino vuelve a remarcar la posición geográfica de Ushuaia como uno de los principales argumentos de su reclamo.
La Provincia sostiene que el puerto ocupa un lugar estratégico por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida.
Ese carácter estratégico también aparece en la documentación nacional que fundamentó la intervención. La ANPyN sostuvo que la ubicación de Ushuaia y su cercanía con la Antártida lo convierten en un punto clave para el abastecimiento antártico y las campañas científicas.
La discusión, por lo tanto, excede la llegada de una embarcación: vuelve a poner en debate quién administra el puerto y bajo qué criterios deben resolverse sus operaciones.
La disputa por la administración del puerto
La intervención nacional fue dispuesta a comienzos de 2026 por un período de 12 meses, prorrogable mediante un acto fundado. La resolución estableció que la medida abarca infraestructura, equipamiento e instalaciones vinculadas con la operación portuaria dentro de la jurisdicción definida.
La Provincia, en cambio, cuestionó judicialmente la medida.
En febrero, el Gobierno fueguino informó que el Juzgado Federal de Ushuaia se declaró incompetente para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada contra la intervención y que el expediente debía ser tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a que se trata de una controversia entre una provincia y el Estado nacional. Esa decisión no implicó un pronunciamiento sobre la legalidad de fondo de la intervención.
Por eso, la disputa institucional permanece abierta.
Malvinas y la ley como eje del reclamo
El comunicado provincial también vincula el episodio con el mandato constitucional de sostener el reclamo argentino sobre las islas del Atlántico Sur.
Tierra del Fuego sostiene que la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes constituye un objetivo permanente y que, por su condición de provincia que incluye esos territorios en su denominación constitucional, existe además una responsabilidad específica de sus autoridades.
El Ejecutivo fueguino reclama que la cuestión no quede reducida a declaraciones políticas y plantea que las decisiones sobre el Puerto de Ushuaia deben ser coherentes con esa posición soberana.
Qué exige el Gobierno fueguino
El comunicado plantea cuatro líneas principales de acción.
Explicaciones a Nación
La Provincia exige que el Gobierno nacional informe de manera inmediata y pública quién autorizó la operación y bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos.
Fin de la intervención
También reclama el cese de la intervención nacional y la restitución de la administración del puerto a Tierra del Fuego, mientras continúan las acciones judiciales iniciadas contra la medida.
Defensa de las competencias provinciales
El Gobierno fueguino advierte que no permanecerá indiferente frente a decisiones que, según sostiene, comprometan sus competencias y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.
Convocatoria institucional
Finalmente, llama a los poderes públicos, fuerzas políticas y ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia.
La conclusión política del comunicado es contundente:
“La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo”.
Una nueva escala en el conflicto Provincia-Nación
El episodio agrega un nuevo capítulo a la disputa entre Tierra del Fuego y el Gobierno nacional por la administración del Puerto de Ushuaia.
La diferencia ahora tiene un componente adicional: la cuestión Malvinas y la presencia de una embarcación de bandera británica.
La Provincia reclama respuestas y sostiene que la operación expone una contradicción entre el discurso oficial sobre la importancia estratégica del puerto y las decisiones adoptadas durante la intervención.
La discusión continuará tanto en el plano político como judicial. Mientras la administración nacional mantiene la intervención portuaria, Tierra del Fuego insiste en recuperar el control y exige que cualquier decisión sobre Ushuaia sea compatible con los intereses estratégicos y la posición soberana argentina en el Atlántico Sur.
