La administración de Javier Milei acumuló excedentes de fondos fiduciarios destinados principalmente a infraestructura y destinó una parte a instrumentos financieros del Tesoro, mientras distintas obras permanecen con bajos niveles de ejecución.
El Gobierno nacional acumuló durante sus dos primeros años de gestión un excedente cercano a US$3.000 millones en fondos fiduciarios que tienen como destino legal obras de infraestructura, pero que fueron utilizados en parte para realizar colocaciones financieras y sostener la estrategia de déficit cero. Los datos surgen de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales analizados por la Agencia Noticias Argentinas.
El fenómeno pone en discusión una de las características centrales de la política económica del Gobierno de Javier Milei: mientras la administración nacional prioriza el equilibrio fiscal, recursos originalmente afectados a determinados objetivos de infraestructura permanecen sin ejecutar y pasan a instrumentos financieros del Tesoro.
Según la información publicada este domingo, durante los primeros dos años de gestión los fondos fiduciarios que continúan funcionando recaudaron más de $8,2 billones y acumularon un superávit equivalente a unos US$3.000 millones.
Menos ejecución y más colocaciones financieras
Los números muestran una diferencia significativa entre los recursos recaudados y el dinero efectivamente destinado a sus objetivos originales.
Durante 2024, los fondos ejecutaron el 55,8% de lo recaudado. En 2025 el porcentaje subió al 69,5%, mientras que durante el primer trimestre de 2026 alcanzó el 69,7%. El resto quedó disponible como activos financieros.
¿Dónde terminó el dinero?
La estrategia financiera también cambió.
Los excedentes que anteriormente podían permanecer colocados en plazos fijos del Banco Nación comenzaron a orientarse hacia letras y títulos públicos emitidos por el Tesoro.
Para 2026, las planillas presupuestarias estiman colocaciones por aproximadamente $1,33 billones en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos. Según la información publicada, ese volumen permitiría al Ministerio de Economía disponer de alrededor de US$880 millones adicionales provenientes de las cajas fiduciarias.
En términos simples, recursos que fueron recaudados para financiar determinadas políticas y obras permanecen dentro del circuito financiero del Estado en lugar de transformarse inmediatamente en infraestructura.
El impacto aparece en las obras
La discusión no queda limitada a una cuestión contable.
La subejecución de los fondos destinados a infraestructura está vinculada, según el informe, con la paralización o demora de proyectos viales, hídricos, de saneamiento y vivienda en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). De acuerdo con los datos citados por Noticias Argentinas, las transferencias destinadas a este fondo se redujeron 94%, situación que habría provocado la paralización de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares.
También aparecen restricciones en áreas vinculadas con el transporte y la infraestructura hídrica.
El problema, por lo tanto, plantea una tensión concreta: el Estado conserva los recursos, pero posterga su transformación en obras.
El déficit cero como prioridad
La decisión se entiende dentro de la política fiscal que sostiene la administración de Milei.
El Gobierno convirtió el equilibrio de las cuentas públicas en uno de los principales objetivos de su programa económico. En ese esquema, mantener recursos financieros dentro del Estado y utilizarlos para comprar deuda pública permite fortalecer la posición financiera del Tesoro sin recurrir necesariamente a un mayor gasto.
Pero esa estrategia tiene un costo potencial: los recursos que permanecen colocados no cumplen, al menos en ese momento, el destino para el cual fueron creados los fondos fiduciarios.
La información analizada muestra que los excedentes podrían seguir aumentando. Las proyecciones privadas y de centros de estudio citadas por Noticias Argentinas estiman que el acumulado podría acercarse a US$4.000 millones al finalizar los primeros tres años de gobierno.
Una discusión que va más allá del número
El dato de los US$3.000 millones abre una discusión política y económica que excede el resultado fiscal.
Por un lado, el Gobierno puede exhibir una administración que prioriza el control del gasto y evita utilizar recursos públicos por encima de lo que considera necesario para sostener el equilibrio fiscal.
Por otro, la baja ejecución de fondos afectados a infraestructura significa que obras de rutas, vivienda, transporte, agua y saneamiento pueden quedar postergadas mientras esos recursos permanecen invertidos en instrumentos financieros.
La pregunta central es, entonces, qué debe priorizar el Estado cuando existen fondos con un destino específico: ¿preservar el equilibrio financiero o acelerar la ejecución de las obras para las que esos recursos fueron creados?
El caso adquiere mayor relevancia porque el volumen de recursos involucrado no es menor. Unos US$3.000 millones representan una masa financiera considerable, y la evolución de esos fondos durante los próximos meses permitirá determinar si se trata de una acumulación transitoria o de un mecanismo permanente dentro de la estrategia fiscal del Gobierno.
Por ahora, los datos muestran una fotografía clara: hay dinero recaudado, una parte importante no fue ejecutada y los excedentes fueron utilizados para colocaciones financieras mientras distintas obras permanecen demoradas.
