El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad y el comisario inspector de la Policía Federal por el operativo del 6 de agosto. Pidió investigar el arma utilizada, la munición y la cadena de mando.
El abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y al comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna por el accionar policial durante el operativo realizado frente al Congreso el jueves 6 de agosto.
La presentación judicial se conoció este lunes y se suma a otra denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano contra los mismos funcionarios. La Justicia deberá determinar ahora las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.
El planteo de Dalbón se originó a partir de imágenes difundidas del operativo en las que aparece un efectivo vestido de civil y portando un arma larga. Distintos medios identificaron al hombre como Gustavo Gauna, comisario inspector de la Policía Federal. C5N informó que fotógrafos registraron al funcionario durante el procedimiento y que Dalbón pidió investigar específicamente su actuación.
Qué pidió investigar Dalbón
En su presentación, el abogado solicitó que se determine con precisión qué ocurrió durante el operativo y cuál fue la cadena de decisiones que derivó en la actuación del efectivo.
Entre los puntos que planteó aparecen:
- Qué arma utilizó el agente.
- Qué tipo de munición llevaba.
- Quién autorizó su actuación.
- Quién impartió la orden.
- Cómo funcionó la cadena de mando.
- Qué responsabilidad corresponde a las autoridades involucradas.
El eje de la denuncia no se limita al accionar individual del comisario Gauna. Dalbón busca que la investigación establezca también si existieron órdenes superiores y qué nivel de responsabilidad tuvieron las autoridades políticas y operativas.
Un episodio que quedó registrado en imágenes
La actuación del efectivo de civil adquirió relevancia luego de que distintas fotografías y registros audiovisuales mostraran a un hombre con un arma larga durante la represión frente al Congreso.
C5N señaló que el fotógrafo Kaloian Santos registró imágenes del comisario inspector Gustavo Gauna durante el operativo. La identificación del efectivo y las circunstancias exactas en las que utilizó o portó el arma forman parte ahora de los elementos que deberán ser analizados judicialmente.
Es importante distinguir entre lo que muestran las imágenes, lo que sostiene la denuncia y lo que eventualmente determine la Justicia. La presentación de Dalbón no implica por sí misma que las responsabilidades denunciadas hayan sido probadas.
La respuesta de Dalbón
Tras anunciar la denuncia, Dalbón planteó una discusión sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado.
“En democracia, el Estado puede ejercer la fuerza. Lo que no puede es ejercerla sin límites ni rendir cuentas.”
El abogado también cuestionó que los agentes involucrados hayan actuado, según su planteo, vestidos de civil y sin identificación visible, y reclamó que la investigación judicial permita reconstruir quién tomó las decisiones durante el operativo.
En ese marco, vinculó su reclamo con el discurso oficial de que “el que las hace, las paga”, y sostuvo que ese principio también debe alcanzar a quienes ejercen funciones dentro del Estado.
Dos denuncias contra Monteoliva y Gauna
La presentación de Dalbón no fue la única acción judicial conocida este lunes. Según la información publicada por distintos medios, la diputada Marcela Pagano también presentó una denuncia contra Monteoliva y Gauna por los hechos ocurridos frente al Congreso.
El episodio se produjo durante una manifestación realizada mientras el Senado debatía un proyecto vinculado con la propiedad privada. La actuación de las fuerzas de seguridad generó cuestionamientos políticos y ahora también tendrá una instancia de análisis judicial.
Qué deberá determinar la Justicia
El punto central será establecer si el procedimiento se ajustó a las normas y protocolos vigentes, cuál fue la intervención concreta de cada funcionario y si existieron órdenes que expliquen la actuación del personal policial.
También deberá determinarse, si corresponde, qué responsabilidades individuales o institucionales pueden derivarse de los hechos denunciados.
Por ahora, Monteoliva y Gauna fueron denunciados, pero la existencia de una denuncia no equivale a una condena ni acredita por sí misma la comisión de un delito.
El caso queda así en manos de la Justicia, que deberá reconstruir el operativo, analizar las imágenes y demás elementos de prueba y establecer si existieron irregularidades en el uso de la fuerza o en la cadena de mando.
