El Gobierno nacional modificó el proyecto de Ley de Tierras y eliminó el capítulo que proponía flexibilizar la compra de tierras rurales por extranjeros. La decisión busca reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa en el Senado.
El Gobierno nacional resolvió retirar del proyecto de Ley de Tierras el capítulo que proponía modificar el régimen de propiedad de las tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión fue adoptada en la antesala del tratamiento legislativo con el objetivo de facilitar acuerdos políticos y evitar una derrota en el Senado, donde la iniciativa no lograba reunir los apoyos necesarios.
La extranjerización de las tierras rurales se había convertido en el punto más controvertido del proyecto impulsado por el oficialismo. La propuesta original planteaba cambios sobre la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por personas y empresas extranjeras.
Con esta modificación, el Ejecutivo decidió excluir ese apartado del debate parlamentario inmediato y concentrar la discusión en el resto de las reformas incluidas en la iniciativa.
El cambio busca garantizar la aprobación del proyecto
La decisión responde a la falta de consenso político que generó el capítulo vinculado a la propiedad de tierras rurales.
Durante las últimas semanas, distintos bloques legislativos manifestaron reparos sobre la flexibilización del régimen vigente, mientras organizaciones sociales, sectores rurales y especialistas expresaron posiciones encontradas respecto del alcance de la reforma.
Ante ese escenario, el Gobierno optó por retirar el punto más cuestionado para intentar asegurar el tratamiento del resto del proyecto en la Cámara alta.
La modificación representa un cambio respecto de la estrategia inicial del oficialismo, que había defendido la necesidad de revisar la legislación vigente para favorecer la llegada de inversiones.
Qué establece la Ley de Tierras vigente
La Ley 26.737, aprobada en 2011, fija un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
Además, establece restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera y sobre predios vinculados con recursos estratégicos, como grandes cuerpos de agua.
De acuerdo con los registros oficiales, actualmente ninguna provincia supera ese límite del 15%, aunque existen departamentos donde la participación de propietarios extranjeros es significativamente mayor.
Un debate que seguirá abierto
Aunque el capítulo sobre extranjerización fue retirado del proyecto, el debate sobre el régimen de propiedad de las tierras rurales continúa instalado en la agenda política.
El oficialismo sostiene que una mayor apertura podría favorecer la inversión privada y dinamizar distintos sectores productivos, mientras que quienes cuestionan la iniciativa advierten sobre la necesidad de preservar mecanismos de control vinculados con la soberanía, los recursos naturales y las zonas estratégicas del país.
Con la modificación anunciada, el Gobierno apuesta a avanzar con el tratamiento legislativo del resto del proyecto y deja para una futura discusión uno de los temas que mayor resistencia generó tanto dentro como fuera del Congreso.
