El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió excluir a los querellantes de la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. La investigación continuará bajo la conducción exclusiva del fiscal Eduardo Taiano, mientras los damnificados anticiparon que apelarán la decisión.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes de la causa que investiga la presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada meses atrás por el presidente Javier Milei. La decisión implica que, si queda firme, los damnificados ya no podrán impulsar medidas de prueba, solicitar nuevas diligencias ni apelar resoluciones dentro del expediente.
La resolución fue dictada tras un planteo presentado por la defensa del empresario Mauricio Novelli, uno de los investigados en la causa, quien sostuvo que los denunciantes no reúnen los requisitos legales para intervenir como querellantes, al considerar que las operaciones realizadas corresponden a inversiones efectuadas en un mercado de alto riesgo.
Con esta medida, la investigación continuará bajo la conducción exclusiva del fiscal federal Eduardo Taiano, quien mantiene delegada la instrucción del expediente.
¿Qué resolvió el juez?
Martínez de Giorgi hizo lugar al planteo presentado por la defensa y excluyó como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes intervenían en representación de presuntos damnificados.
En su resolución, el magistrado sostuvo que los elementos aportados hasta el momento no permiten acreditar de manera suficiente que los denunciantes sean titulares de los activos digitales involucrados ni que exista un perjuicio patrimonial directo atribuible a un delito.
Además, el juez consideró que $LIBRA constituye una memecoin, un activo digital caracterizado por su elevada volatilidad y riesgo, y señaló que las pérdidas económicas invocadas por los inversores podrían responder a las propias características del mercado de criptomonedas.
La investigación continuará en manos del fiscal
Como consecuencia de la resolución, el fiscal Eduardo Taiano quedará como el único responsable de impulsar la investigación penal.
Los abogados de los damnificados cuestionaron la medida y confirmaron que presentarán una apelación para intentar recuperar su participación dentro del expediente.
De mantenerse la decisión judicial, las querellas perderán la posibilidad de solicitar nuevas pruebas, requerir declaraciones indagatorias, recurrir resoluciones o intervenir activamente en el desarrollo de la investigación.
El planteo reaviva el debate político
La resolución volvió a colocar el caso $LIBRA en el centro del debate político y judicial.
Diversos medios nacionales señalaron que la decisión representa un cambio relevante dentro del expediente, aunque existen diferencias respecto del alcance de sus consecuencias.
Mientras algunos análisis sostienen que el apartamiento de los querellantes fortalece la posición de las defensas, otros remarcan que la investigación continúa abierta y que el Ministerio Público Fiscal conserva todas las facultades para avanzar con medidas de prueba y eventuales imputaciones.
Por otra parte, Tiempo Argentino publicó que la resolución generó cuestionamientos debido a que la esposa del juez, Ana María Cristina Juan, aguarda la oficialización de su designación como jueza federal, una información que el medio vinculó al contexto político del expediente. Hasta el momento no existe ninguna resolución judicial ni prueba pública que establezca una relación entre ambos hechos, ni el magistrado realizó manifestaciones sobre ese planteo.
Una causa que sigue abierta
La causa investiga las circunstancias que rodearon el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor registró una fuerte suba tras su difusión pública y posteriormente sufrió un abrupto desplome, generando pérdidas económicas para numerosos inversores.
El expediente continúa bajo investigación en los tribunales federales de Comodoro Py y las próximas definiciones dependerán de las medidas que impulse la fiscalía y de lo que resuelva la Cámara Federal respecto de la apelación que presentarán los querellantes.