La legisladora de La Libertad Avanza cuestionó la transparencia del proceso para la Defensoría de Niños, pero omitió que las dos postulantes excluidas son la madre y la hermana del diputado nacional Santiago Pauli. La Comisión Evaluadora sostiene que no acreditaron residencia ni idoneidad, mientras otro familiar del legislador asumió en el PAMI.
El concurso para cubrir los cargos de Defensor Provincial y Defensores Adjuntos de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tierra del Fuego derivó en un nuevo cruce político después de que se conociera que dos de las postulantes excluidas son la hermana y la madre del diputado nacional Santiago Pauli, principal referente de La Libertad Avanza en la provincia.
La legisladora Natalia Gracianía, también del espacio libertario, había presentado denuncias formales y realizado declaraciones públicas en las que advertía sobre supuestas inconsistencias en el proceso de selección. Cuestionó la existencia de criterios contradictorios para la admisión de aspirantes y reclamó mayor transparencia. Sin embargo, en ninguna de sus intervenciones hizo referencia al parentesco de las dos postulantes rechazadas con el diputado Pauli, un dato que resultaba central para comprender el alcance de sus objeciones.
Los fundamentos de la Comisión Evaluadora
Ante las impugnaciones presentadas por distintos postulantes, la Comisión Evaluadora emitió un dictamen técnico en el que respondió cada uno de los recursos de reconsideración y ratificó las decisiones adoptadas. El organismo sostuvo que todas las evaluaciones se realizaron conforme a los requisitos establecidos por la Ley Provincial Nº 1466 y las bases del concurso, entre ellos la acreditación de cinco años de residencia continua e inmediata en Tierra del Fuego y la demostración de antecedentes e idoneidad vinculados con la función.
El dictamen enfatiza que los criterios aplicados fueron uniformes para todos los postulantes y que las exclusiones responden a incumplimientos documentales verificables, no a apreciaciones subjetivas.
El rechazo a la postulación de Carolina Pauli
En el caso de Carolina Pauli, hermana del diputado Santiago Pauli, la Comisión concluyó que no logró acreditar la residencia exigida por la ley. Además, observó que parte de los antecedentes laborales consignados en su currículum carecían de documentación respaldatoria, especialmente los relacionados con tareas desarrolladas en la Fundación Formar.
El dictamen también señala que el plan de trabajo presentado no cumplía con los criterios técnicos establecidos en las bases del concurso y que existían incumplimientos de distintos apartados del reglamento aprobado mediante la Resolución Nº 193/24. Por esos motivos, el recurso de reconsideración fue rechazado.
La situación de Laura Almirón de Pauli
La postulación de Laura Almirón de Pauli, madre del diputado, también fue revisada por la Comisión Evaluadora, que determinó que la documentación presentada no permitía acreditar los requisitos mínimos para continuar en el proceso.
Entre otras observaciones, el dictamen indica que los registros laborales aportados ante ANSES no demostraban residencia efectiva en Tierra del Fuego, ya que no identificaban el lugar donde se habían desarrollado las tareas. Asimismo, se señaló que no se acreditó experiencia específica en la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ni certificaciones laborales suficientes que respaldaran los antecedentes consignados.
El informe concluye que la postulante no acreditó los requisitos de residencia, título habilitante e idoneidad exigidos por la normativa, por lo que también se desestimó su recurso.
El contexto político y la paradoja institucional
La controversia adquiere una dimensión particular cuando se la contrasta con otra designación reciente. El Gobierno nacional nombró a Alberto Belmar, tío del diputado Santiago Pauli, como director ejecutivo del PAMI en Tierra del Fuego. Ese nombramiento, que no requirió de un concurso público de antecedentes, fue celebrado por el propio Pauli y por la legisladora Gracianía, quienes acompañaron la gestión.
Ese antecedente expone una tensión difícil de eludir en el debate público: mientras La Libertad Avanza cuestiona la transparencia del concurso para la Defensoría y reclama una revisión exhaustiva, el espacio político que representa no planteó objeciones a la designación directa de un familiar en el organismo nacional.
El concurso para la Defensoría continuará su curso reglamentario y se prevé que en los próximos días se definan los nombres de los nuevos defensores. No obstante, el episodio deja planteada una interrogante que trasciende lo administrativo: la credibilidad de los procesos de selección de funcionarios se sostiene tanto en la rigurosidad técnica como en la coherencia de quienes exigen transparencia. Cuando los reclamos se formulan desde un espacio que, al mismo tiempo, impulsa designaciones discrecionales para sus propios vínculos, el debate tiende a desplazarse del plano institucional al de la disputa interna de poder.
En una provincia donde las designaciones públicas suelen ser monitoreadas de cerca por la opinión pública, el contraste entre la exigencia de concurso para unos y la aceptación del dedazo para otros promete mantener la atención sobre los movimientos políticos de La Libertad Avanza en el territorio fueguino.
Fuente: Con información de Del Fuego Noticias
