Con más dudas que certezas, el proyecto de mega inversiones avanzó en Diputados gracias a una alianza frágil. Mientras el Gobierno celebra, economistas y legisladores alertan sobre un vacío legal que podría convertirse en la mayor cesión de soberanía fiscal de la historia reciente.
El Gobierno logró la aprobación en Diputados con 130 votos, pero el debate expuso las contradicciones de una iniciativa que otorga beneficios extraordinarios sin definir claramente a quiénes beneficia. El Senado recibirá un proyecto con más lagunas legales que certezas económicas.
La Cámara de Diputados dio media sanción al Súper RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones que el Gobierno presenta como la llave para atraer capitales de frontera tecnológica. Sin embargo, detrás del triunfo legislativo se esconden grietas políticas y técnicas que ponen en jaque la solidez del proyecto y abren interrogantes sobre su verdadero costo para el país.
Con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, la iniciativa del Ministerio de Economía superó el primer escollo, pero el camino al Senado se presenta como un campo minado. La votación mostró un oficialismo sostenido por una alianza heterogénea, mientras la oposición, aunque dividida, logró instalar en el debate público las principales críticas que el Gobierno intentó esquivar: la falta de precisión, el costo fiscal oculto y la asimetría brutal entre los beneficios para las multinacionales y las herramientas para las PyMEs.
La ambigüedad como bandera
El punto más crítico del proyecto radica en su vaguedad deliberada. Mientras el RIGI original delimitaba sectores y actividades, el Súper RIGI abre la puerta a proyectos “genuinamente nuevos”, una definición tan laxa que, como señaló el diputado Martín Lousteau (Provincias Unidas), ni el propio secretario de Energía pudo precisar a quién alcanza.
“El artículo 16 les pide a los inversores que se autoperciban ‘genuinamente novedosos'”, ironizó Lousteau, destapando uno de los vacíos legales más alarmantes: el propio Estado renuncia a definir el objetivo de su política de incentivos, delegando en las corporaciones la decisión de qué es o no estratégico para el país.
Esta ambigüedad no es un error de redacción. Para los analistas, es una trampa legal que permite al Poder Ejecutivo otorgar beneficios discrecionales sin control parlamentario, transformando al Congreso en un mero escribano de decisiones tomadas en los escritorios de las grandes empresas.
El costo que nadie quiere ver
El debate también puso en evidencia la falta de transparencia fiscal. El oficialismo insiste en que el régimen “no tiene costo” porque apunta a actividades inexistentes. Esta lógica, criticada por economistas, ignora el principio de oportunidad: cada dólar eximido es un dólar que deja de percibir el Estado, ya sea por menores ingresos tributarios o por la competencia desleal que generan estos megaproyectos frente a las PyMEs locales.
Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) fue contundente al señalar que “nadie les pedía tanto” al Gobierno. Su planteo remite a una pregunta incómoda: si el objetivo es atraer inversiones, ¿por qué otorgar concesiones récord que ni siquiera existen en países con menor riesgo país? La respuesta, para la oposición, es sencilla: no se trata de incentivar, sino de blindar a unos pocos inversores con un paraguas fiscal que el resto de los actores económicos jamás podrá alcanzar.
Un triunfo con sabor a derrota política
Más allá del número final, la votación expuso la fragilidad del acuerdo. El radicalismo, que aportó votos clave, mostró sus divisiones internas. Mientras Lisandro Nieri defendió el proyecto con datos del RIGI original, Lousteau y Pablo Juliano (Provincias Unidas) advirtieron que el Súper RIGI elige ganadores y perdedores, y que esos ganadores no son argentinos.
El propio Lousteau fue lapidario al señalar que “las empresas lo van a defender porque hay beneficios adicionales”, y recordó que el costo fiscal lo pagan todas las provincias, aunque solo unas pocas recibirán las inversiones. Una geografía desigual que profundiza la brecha federal.
Lo que viene: el Senado como jaque mate
El proyecto ahora llega al Senado, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia. Allí, las provincias tendrán la oportunidad de exigir precisiones y, posiblemente, de frenar lo que para muchos es una ley hecha a la medida de las transnacionales.
Quedan preguntas en el aire: ¿Se definirá finalmente a qué sectores beneficia? ¿Se establecerá un control efectivo para evitar que los beneficios se conviertan en una renta perpetua? ¿O el Senado, como ocurrió en Diputados, se limitará a convalidar un proyecto que entrega soberanía fiscal sin contrapartidas claras?
Por ahora, el Súper RIGI avanza. Pero su aprobación, lejos de ser un punto final, abre un debate de fondo sobre el modelo de país que se está construyendo: uno donde el capital no tiene patria, pero el Estado argentino parece haber renunciado a tenerla también.
