El Ejecutivo provincial sostiene que la sentencia del Juzgado Electoral contradice al Superior Tribunal de Justicia y genera incertidumbre sobre el proceso electoral del 9 de agosto.
El Gobierno de Tierra del Fuego presentó este miércoles una apelación contra la sentencia del Juzgado Electoral Provincial que anuló el Decreto N°751/26, mediante el cual se había convocado a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto.
El recurso legal sostiene que la decisión de la jueza Zanini carece de sustento jurídico, desconoce un fallo firme del Superior Tribunal de Justicia (STJ) fueguino y viola el principio republicano de división de poderes.
Desde el Ejecutivo provincial advierten que la sentencia no solo paraliza un proceso democrático ya iniciado, sino que también genera un escenario de incertidumbre institucional al permitir que una instancia judicial inferior revise una decisión del máximo tribunal local.
El eje del conflicto jurídico
La apelación cuestiona que la magistrada haya anulado el decreto de convocatoria con base en una queja presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la legislación nacional establece expresamente que ese recurso extraordinario no suspende el curso del proceso electoral.
El Gobierno recuerda que el STJ ya había resuelto el fondo del asunto al validar la Ley Provincial N° 1529, levantar la medida cautelar que frenaba el proceso y ordenar una nueva convocatoria. Además, el máximo tribunal provincial rechazó posteriormente el Recurso Extraordinario Federal, dando firmeza a su decisión.
Defensa de la jerarquía judicial
Uno de los argumentos más fuertes del recurso apunta a la autoridad institucional del STJ. Según el escrito, permitir que una resolución de un juzgado electoral deje sin efecto práctico una decisión del superior tribunal provincial implica una alteración del orden institucional y del sistema de jerarquías previsto por la Constitución.
La legislación provincial establece que los pronunciamientos del STJ constituyen jurisprudencia obligatoria para todos los jueces y tribunales de la provincia.
Consecuencias sobre el proceso democrático
El Gobierno sostiene que la nulidad declarada impacta sobre un proceso electoral ya en marcha, afectando principios básicos como la previsibilidad y la seguridad jurídica.
Por esa razón, solicitaron a la Cámara que intervenga con carácter urgente y revierta el fallo, permitiendo la continuidad del proceso electoral para elegir a los convencionales constituyentes.
Desde el Ejecutivo fueguino afirman que en esta controversia están comprometidos la autonomía provincial, la división de poderes, el sistema federal de gobierno, los derechos políticos de los ciudadanos y el normal funcionamiento de las instituciones republicanas.
