Mientras el Gobierno recorta jubilaciones, universidades y salud, la Cámara alta dio luz verde a la cancelación de una deuda con los fondos Attestor y Bainbridge. El proyecto ahora pasa a Diputados.
Buenos Aires – En medio del fuerte ajuste que el Gobierno de Javier Milei aplica sobre jubilaciones, universidades, hospitales y programas sociales, el Senado aprobó este jueves el proyecto de ley que autoriza el pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre que mantienen litigios con la Argentina desde hace más de dos décadas.
La iniciativa, impulsada por el propio Ejecutivo, deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados antes del 30 de junio, fecha límite para que no pierda vigencia el acuerdo homologado en marzo por la jueza estadounidense Loretta Preska.
Los fondos beneficiados son Attestor Master Value y Bainbridge Fund, ambos parte del grupo de acreedores que rechazaron los canjes de deuda posteriores a la crisis de 2001 y continuaron litigando en tribunales extranjeros. Bainbridge mantiene reclamos contra el país desde 2016, mientras que Attestor inició sus demandas en 2014.
El contraste que enciende las críticas
La aprobación parlamentaria se da en un escenario de ajuste fiscal sostenido. El Gobierno libertario justifica los recortes en partidas clave argumentando falta de recursos para recomponer jubilaciones, garantizar el financiamiento de universidades públicas, sostener programas sanitarios o asegurar la provisión de medicamentos.
Sin embargo, la autorización de este desembolso millonario destinado a cancelar compromisos con acreedores financieros internacionales reavivó las críticas de sectores opositores y organizaciones sociales, que consideran contradictoria la política oficial.
“Si hay plata para pagarles a los fondos buitre, ¿por qué no aparece cuando se trata de jubilaciones, educación pública, salud o asistencia social?”, se preguntan desde distintos espacios políticos, en una pregunta que atraviesa el debate público.
Próximos pasos
El acuerdo aprobado por el Senado lleva las firmas de funcionarios de la Secretaría de Finanzas junto a representantes de los fondos involucrados. Si Diputados sanciona la ley antes del 30 de junio, el Estado argentino quedará habilitado para concretar la transferencia de los 171 millones de dólares.
La discusión, que ya generó fuertes cuestionamientos, promete intensificarse en las próximas semanas, cuando el proyecto llegue al recinto de Diputados. Por ahora, el oficialismo logró un nuevo avance parlamentario, pero a costa de profundizar la polémica sobre las prioridades del ajuste.
