El secretario de Gobierno de Ushuaia denunció que la deuda provincial alcanzó los $14.000 millones. Reclamó la Ley de Goteo y una mesa técnica. También criticó la reforma constitucional.
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, advirtió que la deuda del Gobierno provincial con el municipio alcanzó los $14.000 millones el viernes de la semana pasada, calificando la situación como “realmente insostenible” y reclamando la urgente conformación de una mesa técnica para abordar el conflicto.
En declaraciones al programa radial El Delivery, Iriarte sostuvo que “mientras la Legislatura estaba por sesionar, la deuda llegó a puntos históricos; catorce mil millones de pesos de deuda al viernes de la semana pasada”. El funcionario insistió en la necesidad de avanzar con la denominada Ley de Goteo, al considerar que “tal vez sea lo más urgente para los municipios justamente por la situación que están atravesando ante la falta de remisión de los fondos en tiempo y forma”.
Iriarte lamentó que la situación institucional haya alcanzado este nivel de tensión y vinculó el escenario actual con “la soledad con que venía teniendo el gobernador en la toma de decisiones”, lo que derivó en una pérdida de consensos políticos. “Hay que encaminar un diálogo institucional que nos permita tener previsibilidad, que es lo que venimos reclamando desde hace meses”, afirmó.
Sobre la mesa técnica, anticipó que debería comenzar a funcionar esta misma semana, integrada por los equipos económicos de las distintas partes, con “la idea de poder repasar las remisiones nacionales y provinciales para reconocer cuánto es lo que se adeuda en concepto de atrasos y después planificar cómo vamos a ir achicando esa deuda”.
Críticas a la reforma constitucional
Por otra parte, Iriarte indicó que “desde el Partido Justicialista cuestionamos con dureza el impulso del Gobierno provincial al llamado de la reforma constitucional”, donde “once legisladores le dijeron al gobernador que no es momento para una reforma”. “El mensaje político fue contundente”, aseguró.
El funcionario relató que desde el PJ se había planteado inicialmente la posibilidad de suspender el tratamiento, aunque finalmente prevaleció la decisión de avanzar con la derogación de la ley. “Primó la cordura de no gastar semejante cantidad de dinero en un momento donde la sociedad la está pasando muy mal”, afirmó.
No obstante, observó que el debate constitucional no debe descartarse, pero sí darse en el momento adecuado. “El error, a mi modesto entender del gobernador, fue no haber sabido que no era el momento para llevar adelante estos debates”, concluyó, y lamentó que “mientras las familias atraviesan incertidumbre, los comercios sufren y los puestos de trabajo están en riesgo, insistir con una reforma constitucional fue desconectarse de la realidad de la gente”.
