Veto a la coparticipación en Ushuaia: Garay advierte “mucha preocupación” y no descarta ir a la justicia

La jefa de Gabinete municipal aseguró que la deuda provincial supera los 30 días y que las demoras son “más políticas que técnicas”. Amenazó con acciones judiciales si no hay diálogo.


La Municipalidad de Ushuaia recibió “con mucha preocupación” el veto del gobernador Gustavo Melella a la ley de coparticipación automática aprobada por la Legislatura fueguina, advirtió la jefa de Gabinete, Yesica Garay, quien no descartó avanzar judicialmente si no hay una solución al conflicto financiero.

“Este veto nos afecta y nos perjudica a todos por igual, al Municipio, a los vecinos y a los trabajadores municipales”, aseveró la funcionaria en declaraciones a la prensa. Garay explicó que, “por más buena voluntad que tengamos”, si no llegan los recursos “es imposible proyectar y garantizar pagos a proveedores, la prestación de servicios, la planificación de nuevos programas, y sentarnos a una mesa salarial con números reales”.

La jefa de Gabinete cuestionó duramente la decisión del Ejecutivo provincial: “El veto no fue acompañado con la cancelación de la deuda”, y tampoco “hubo un diálogo institucional que permita ponernos de acuerdo sobre cómo salimos de esta situación financiera compleja”.

Deuda creciente y demoras sistemáticas

Garay detalló que, si bien existen transferencias semanales, “lo que no podemos saber es cuándo van a llegar”. Además, precisó que la deuda acumulada por la Provincia “supera los 30 días y no se achica por más transferencias semanales que realicen”.

Consultada sobre las posibles causas de estas demoras, la funcionaria fue contundente: “Me parece que son más políticas que técnicas, si fueran técnicas ya hubieran explicado por qué no pueden transferir ni saldar lo que deben al Municipio”.

Diálogo abierto, pero sin descartar acciones legales

Pese al clima de tensión, Garay afirmó que “estamos dispuestos a tener una instancia de diálogo y vamos a agotar todas las instancias”. No obstante, lanzó una advertencia: “Si tenemos que avanzar judicialmente lo vamos a hacer”.

“Esto nos vuelve a dejar en una posición de reclamo y de necesidad urgente”, concluyó la jefa de Gabinete, en medio de un escenario que calificó como “muy preocupante” para la sostenibilidad de los servicios municipales y el pago a los trabajadores.

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