La Cámara determinó que Uber es un servicio de transporte y cuestionó al Gobierno de la Ciudad por permitir su funcionamiento sin regulación ni controles. El fallo reabre el debate sobre plataformas digitales y legalidad.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires dictó un fallo clave sobre el funcionamiento de plataformas como Uber y concluyó que el Gobierno porteño incurrió en una omisión ilegítima al no ejercer controles sobre la actividad.
La sentencia establece que el servicio prestado a través de aplicaciones digitales constituye, en los hechos, transporte de pasajeros, por lo que debe regirse por el marco normativo vigente, al igual que taxis y remises.
El eje central del fallo no se limita a la legalidad de Uber, sino que apunta directamente a la responsabilidad estatal. Según los jueces, el Gobierno de la Ciudad permitió durante años el desarrollo de esta actividad sin exigir habilitaciones, controles ni cumplimiento de requisitos básicos, generando una situación de desigualdad frente a otros actores del sistema.
En ese sentido, la Cámara remarcó que la falta de regulación específica no habilita un escenario de libre funcionamiento sin reglas. Por el contrario, sostuvo que, ante ese vacío normativo, corresponde aplicar las normas existentes para el transporte público de pasajeros.
El tribunal también advirtió que esta omisión afectó el equilibrio del sistema, ya que mientras taxis y remises deben cumplir exigencias estrictas —como licencias profesionales, seguros y habilitaciones—, las plataformas operaron sin esas obligaciones.
Otro punto relevante es que el propio Gobierno reconoció en el expediente que la actividad se desarrollaba de manera irregular, aunque no avanzó con medidas efectivas de control, lo que terminó consolidando una situación de hecho durante casi una década.
Sin embargo, la Cámara aclaró los límites de su intervención: no puede legislar ni crear un nuevo marco regulatorio, tarea que corresponde al Poder Legislativo. No obstante, sí tiene la facultad de garantizar que las actividades económicas respeten los derechos y normas vigentes.
El fallo, en este contexto, no solo impacta en el presente del servicio de transporte, sino que también abre un escenario de debate político e institucional sobre cómo deben regularse las plataformas digitales en entornos urbanos.
