La diputada Marcela Pagano solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la investigación. La denuncia incluye contactos con un testigo y se apoya en la Doctrina Irurzun.
La diputada nacional Marcela Pagano solicitó ante la Justicia la detención del funcionario Manuel Adorni, al que acusa de haber intentado influir sobre un testigo clave en el marco de una investigación judicial en curso.
Según el escrito presentado, el pedido se basa en un presunto entorpecimiento de la investigación, considerado “grave, actual e inminente”. La denuncia sostiene que el funcionario habría contactado al testigo Matías Tabar antes de su declaración formal, ofreciéndole asistencia y sugiriendo la intervención de su equipo.
De acuerdo con la presentación judicial, también se menciona un intento de eliminar mensajes intercambiados por WhatsApp, lo que, de comprobarse, podría configurar una maniobra para obstaculizar la producción de prueba.
El planteo solicita la aplicación de la Doctrina Irurzun, un criterio utilizado en el ámbito judicial argentino que habilita la detención preventiva cuando existe riesgo de que el imputado utilice su posición de poder para interferir en la causa.
En este caso, la diputada argumenta que la condición de funcionario en ejercicio agrava ese riesgo, al permitirle eventualmente influir sobre testigos o pruebas relevantes.
El pedido no implica una resolución judicial inmediata, sino que abre una instancia de análisis por parte del juez interviniente, quien deberá evaluar la existencia de riesgo procesal y la verosimilitud de los hechos denunciados.
Por el momento, la acusación se sustenta en la presentación de la denunciante y requerirá medidas probatorias, como peritajes sobre comunicaciones y la declaración del testigo involucrado.
El caso se inscribe en un contexto de alta tensión política, donde las denuncias judiciales contra funcionarios adquieren impacto institucional y mediático, mientras se espera la respuesta de la Justicia.
