El juez Ariel Lijo dictó restricciones contra Marcelo Grandio, cercano al jefe de Gabinete, tras denuncias de hostigamiento a una secretaria de una empresa aérea clave en la causa por el vuelo a Punta del Este.
El juez federal Ariel Lijo dictó este sábado medidas de restricción contra Marcelo Grandio, un operador político con llegada directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras comprobarse una serie de presiones e intimidaciones contra una testigo clave en la causa que investiga el polémico vuelo del funcionario a Punta del Este.
La resolución judicial alcanza a Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, quien denunció haber sido víctima de hostigamiento por parte de Grandio. La medida incluye una estricta prohibición de contacto por cualquier medio y un perímetro de acercamiento a su domicilio, lugar de trabajo y ámbitos de concurrencia habitual.
El origen de la medida se remonta al pasado viernes, cuando Tossi declaraba ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación sobre el traslado de Adorni hacia Uruguay. En plena audiencia, la mujer recibió múltiples llamadas y mensajes de Grandio, en una secuencia que la fiscalía calificó como “escandalosa” y abiertamente intimidatoria.
Según el testimonio de la empleada, Grandio no solo había pagado el vuelo del jefe de Gabinete, sino que además habría solicitado que no se emitiera la factura correspondiente. Las comunicaciones del operador se sumaron a una carta documento previa con términos amenazantes, lo que encendió las alarmas en el Ministerio Público Fiscal.
El fiscal Pollicita impulsó entonces una investigación paralela por posibles delitos de acción pública vinculados a amenazas y coacciones. En su dictamen, sostuvo que la conducta de Grandio no configura un mero malestar subjetivo, sino “indicadores concretos de presión” que afectan la espontaneidad de una fuente de prueba fundamental para el proceso judicial.
Con el respaldo del artículo 210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, el fiscal solicitó medidas urgentes que fueron avaladas por el juez Lijo. El magistrado además ordenó extraer testimonios de las piezas procesales para investigar formalmente las presiones denunciadas.
La decisión judicial busca garantizar el avance de la causa sin interferencias externas que puedan viciar la veracidad de los testimonios. En su fallo, Lijo remarcó que el objetivo no es una sanción anticipada, sino el resguardo de la integridad psíquica de la testigo y la protección del proceso en un expediente que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
