A través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial, se oficializó la Ley 27.801. La nueva norma establece la edad de imputabilidad en 14 años y un régimen de penas graduadas, alineando a la Argentina con la mayoría de los países de la región.
La Ley 27.801, que establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para menores, ya es oficial tras su publicación en el Boletín Oficial. El Gobierno buscó un equilibrio con la oposición para lograr la sanción.
En las últimas horas, el Poder Ejecutivo nacional dio un paso clave en materia de seguridad y justicia. Mediante el Decreto 138/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801, que instaura el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina.
La norma, que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados y fue aprobada por el Senado el pasado 27 de febrero con 44 votos positivos, introduce un cambio fundamental en el tratamiento de los menores que cometen delitos.
Los ejes de la nueva ley
Tal como se había anticipado en el debate legislativo, el corazón de la reforma es la modificación de la edad de imputabilidad. Finalmente, y tras un complejo proceso de negociación con los bloques “dialoguistas”, el piso se fijó en los 14 años. Originalmente, el oficialismo buscaba llevarlo a los 13, pero aceptó elevarlo para obtener el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR, quienes consideraban que ese límite alineaba mejor a la Argentina con los estándares regionales.
Además de la baja en la edad, la Ley 27.801 crea un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema no solo considera la edad del menor infractor, sino también las circunstancias y el contexto particular en el que se cometió el delito, buscando una respuesta penal más ajustada a cada caso.
La Argentina en el contexto regional
Con esta promulgación, el país se suma al grupo mayoritario de naciones sudamericanas. Tal como se destacó en los debates, naciones como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana también tienen su edad de imputabilidad fijada en los 14 años. En un escalón inferior se encuentran Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, donde el límite comienza a los 12 años. En la mayoría de estos países, el abordaje combina la sanción con medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social.
La publicación en el Boletín Oficial convierte al nuevo Régimen Penal Juvenil en ley vigente, cerrando un capítulo legislativo clave para la administración de Javier Milei, que suma así un nuevo triunfo en el Congreso.
