Especialistas consultados por Chequeado advierten que iniciativas estatales de fact checking carecen de independencia y pueden derivar en hostigamiento a medios y opositores.
La “Oficina de Respuesta” de Milei: expertos alertan sobre los riesgos de que el Gobierno se erija en verificador oficial
El Gobierno nacional creó la cuenta oficial en X “Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina” con el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y señalar falsedades de medios y políticos. Sin embargo, expertos internacionales y organizaciones periodísticas advierten que este tipo de iniciativas estatales carecen de los principios básicos de independencia y transparencia, y podrían derivar en formas encubiertas de hostigamiento a la prensa y restricciones a la libertad de expresión. El análisis se desprende de un informe del equipo de Chequeado, medio especializado en verificación de datos.
La cuenta oficial, anunciada sin especificar responsables ni criterios metodológicos claros, generó inmediato rechazo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y de la oposición. La preocupación central radica en que, a diferencia de las organizaciones de fact checking independientes, un gobierno es “juez y parte”, según explicaron los especialistas.
Los principios que un verificador estatal no puede cumplir
Lucas Graves, profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison y experto en desinformación, señaló a Chequeado: “La situación con las agencias de fact checking estatales es similar a la de las agencias de noticias estatales: algunas son mejores que otras, pero ninguna de ellas debe confundirse o presentarse como fuentes de información independientes y no partidistas”.
Por su parte, Clara Jiménez Cruz, CEO del sitio español Maldita.es, planteó una pregunta clave: “El trabajo del fact checking es obligar a los poderosos, también a los políticos, a rendir cuentas con datos y hechos contrastados. Si ellos mismos pretenden hacer el fact checking, ¿quién garantiza la rendición de cuentas de manera independiente?”.
Los verificadores independientes, como Chequeado, se adhieren al Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que exige transparencia en el método, financiamiento y equipo, una política de correcciones y el mismo tratamiento para todos los actores políticos. Estos estándares son inherentemente incompatibles con una oficina gubernamental, cuya función natural es defender la gestión oficial.
Antecedentes regionales y contradicciones
La iniciativa no es aislada. En la región, gobiernos como los de Lula da Silva en Brasil (con “Brasil Contra Fake”), México (“Infodemia”) y Ecuador han lanzado plataformas similares, frecuentemente criticadas por su falta de metodología transparente y su enfoque en contenidos que afectan al gobierno de turno.
La medida resulta particularmente contradictoria en un gobierno que, paralelamente, restringió el acceso a la información pública. En septiembre de 2024, la administración de Milei modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información, y según datos oficiales citados por Chequeado, es la gestión que más pedidos de acceso dejó sin responder (hasta mayo de 2025) en comparación con sus predecesores.
Un clima de desconfianza institucional
La creación de esta oficina se suma a otras acciones oficiales que alimentan la polarización, como el streaming “Fake, 7, 8” conducido por el entonces vocero Manuel Adorni, dedicado a desacreditar a medios críticos. Para los analistas, estas acciones no combaten la desinformación, sino que profundizan la grieta entre el relato oficial y la prensa independiente, al tiempo que instrumentalizan la verdad como un arma política más
