La ADPFA se reunió con el gobernador Melella para coordinar la reversión de la medida. Denuncian que es un plan para recuperar puertos transferidos a las provincias en los 90.
USHUAIA. – En un respaldo significativo a la gestión provincial, la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (ADPFA) se reunió con el gobernador Gustavo Melella para coordinar acciones que reviertan la intervención nacional del Puerto de Ushuaia y denunció una maniobra “arbitraria” con desvío de fondos y posibles intereses geopolíticos.
El secretario de Relaciones Institucionales del gremio, Ricardo Alonso, calificó la medida del Gobierno Nacional como un acto que “invade jurisdicción provincial” y “toma por asalto” un organismo clave para Tierra del Fuego. “Hoy está siendo administrado por funcionarios nacionales que no conocen la provincia”, afirmó, y lanzó una grave acusación: “Están desviando fondos a cuentas nacionales en lugar de tenerlas en las cuentas del Puerto, que es donde la ley obliga que estén”.
Alonso vinculó la intervención con el valor estratégico y económico del puerto, que recibe unos 550 cruceros en temporada alta y es vital por su cercanía a la Antártida y las Islas Malvinas. “Ushuaia es un lugar tentador”, sostuvo, y planteó una inquietante hipótesis: “Estamos convencidos de que Ushuaia es la prueba piloto de un plan mayor para quedarse con los puertos transferidos a las provincias en los años 90”.
Una coincidencia que “llama la atención”
El dirigente también se refirió al arribo de un avión estadounidense con legisladores días después de la toma del puerto. “La aparición de un avión sin aviso, sin control del Estado, llama la atención. No podemos decir que esté vinculado, pero realmente llama la atención”, manifestó, insinuando posibles intereses internacionales en juego.
El compromiso de la gestión fueguina
Por su parte, el gobernador Melella ratificó el compromiso de su gestión para “defender las competencias provinciales y la autonomía fueguina”, con el objetivo de revertir la intervención y garantizar la administración provincial de este recurso estratégico para el desarrollo económico y logístico de la provincia.
La reunión marca una alianza política y gremial contra una medida que, desde la óptica local, configura un avasallamiento a la autonomía y una amenaza a los recursos económicos fueguinos.
