Mientras la Justicia obliga a restablecer pensiones para discapacidad, el Ministerio de Salud permite que la empresa vinculada a los audios de Spagnuolo participe en nuevas licitaciones. Contradicción y opacidad en la gestión sanitaria.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2026 – La política sanitaria y de discapacidad del Gobierno nacional vuelve a ser centro de un escándalo por opacidad y aparentes contradicciones. A pesar de estar en el centro de una causa judicial por presuntas coimas, direccionamiento de licitaciones y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la droguería Suizo Argentina ha reaparecido como oferente en nuevas licitaciones públicas del Ministerio de Salud.
Este regreso, registrado en el portal oficial Comprar, se produce luego de que la empresa de la familia Kovalivker estuviera suspendida del sistema por 89 días tras la difusión de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, se describía un esquema de “discrecionalidad, direccionamiento, cartelización y sobreprecios” del cual Suizo Argentina habría sido una de las principales beneficiarias, acumulando contratos por más de 100 mil millones de pesos en la gestión.
Nuevas licitaciones bajo la sombra de la causa judicial
Según la información pública, la empresa se presentó en al menos dos procesos recientes: uno del 15 de noviembre para insumos de hemodinamia infantil (Hospital Posadas) con una oferta de $250 millones “disponible para adjudicar”, y otro del 26 de diciembre para insumos de neurocirugía por $37 millones. Esto ocurre mientras el fiscal Franco Picardi sostiene en su dictamen que en la ANDIS existió un funcionamiento con decisiones discrecionales y sobreprecios sistemáticos, con participación central de esta y otras proveedoras.
“La decisión de rehabilitar a un proveedor señalado en una causa penal por corrupción en medio del proceso, mientras se discute la licitación, es cuanto menos opaca y pone en riesgo los principios de transparencia que deberían guiar las compras públicas en salud”, afirmó un especialista en políticas sanitarias que pidió reserva de su nombre.
La otra cara: la Justicia frena el ajuste sobre los beneficiarios
La reaparición de la firma cuestionada contrasta con otra arista crítica de la gestión de la ANDIS. En octubre de 2025, el Juzgado Federal N°2 de Catamarca dictó una medida cautelar de alcance nacional que obligó al organismo a restablecer todas las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas y a detener nuevas auditorías, hasta una sentencia definitiva.
El fallo, que hizo lugar a un amparo colectivo, consideró que las suspensiones afectaron de manera homogénea los derechos de miles de personas con discapacidad, en un contexto de creciente conflictividad social y protestas por recortes. La resolución ordenó la reactivación de los pagos en 24 horas.
Este doble estándar –habilitar a un proveedor investigado por corrupción mientras se recortan derechos básicos de la población discapacitada hasta que la Justicia interviene– genera serias dudas sobre la prioridad real de la política sanitaria y social del Gobierno, más allá de los discursos de ajuste y eficiencia.
