El secretario Legal, Emiliano Fossatto, confirmó la presentación judicial que busca suspender inmediatamente los actos de la ANPyN. Denuncian el desvío de recursos provinciales y violación a la autonomía fueguina.
La Provincia pidió a la Justicia Federal una medida cautelar urgente para frenar la intervención del Puerto de Ushuaia
En un nuevo capítulo del conflicto por el control de la terminal marítima más austral del país, el Gobierno de Tierra del Fuego presentó ante la Justicia Federal una medida cautelar urgente para que se suspendan de inmediato todos los efectos de la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La acción judicial acompaña la demanda de inconstitucionalidad ya radicada y busca frenar lo que califican como “daños de magnitud” a la provincia.
El secretario Legal del Gobierno provincial, Emiliano Fossatto, detalló que el pedido judicial tiene como objetivo “suspender los efectos del acto y garantizar los derechos de la Provincia sobre el Puerto”. El funcionario enfatizó que la resolución de intervención “viola el régimen federal y la autonomía provincial”, y reclamó “el cese definitivo de toda acción o acto que lleve adelante la ANPyN”.
El punto crítico: los recursos financieros desviados
Uno de los argumentos centrales de la medida cautelar es el desvío concreto de recursos económicos que, según la provincia, pertenecen exclusivamente al erario público fueguino. “Una de las primeras medidas llevadas adelante por parte de la intervención fue la notificación de una cuenta a la que se deben transferir los depósitos por servicios portuarios”, explicó Fossatto.
El funcionario agregó: “La renta que se genera pertenece a la provincia de Tierra del Fuego. Se trata de una vulneración flagrante a la autonomía provincial“. Además, mostró preocupación porque “no tenemos conocimiento de qué se está recaudando y cómo se está invirtiendo esa recaudación”.
Primera respuesta judicial: denegatoria que “sorprende”
Fossatto confirmó que este jueves recibieron el primer despacho del Juzgado Federal, que decidió no habibr la feria judicial -un trámite que hubiera acelerado el tratamiento de la cautelar-. “Sorprende ya que dada la grave situación planteada y el pedido de medida cautelar por estar desarrollándose actos y daños de tal magnitud a la Provincia, tal como la sustracción de recursos propios, es evidente que los presupuestos para la habilitación están acreditados”, cuestionó el secretario Legal.
El camino procesal que sigue
El expediente ya fue trasladado a la Fiscalía Federal, organismo que deberá evaluar tres aspectos clave:
- La competencia de la Corte para intervenir.
- La validez de la medida cautelar solicitada.
- La competencia del gobernador Gustavo Melella para presentar esta acción.
“Entendemos que la competencia y legitimación están dadas por ser el titular de la administración y la defensa de los intereses de la provincia, pero ya estamos en análisis de ello”, precisó Fossatto sobre estos aspectos formales.
Violación a un convenio histórico
La presentación judicial también fundamenta su pedido en la violación a un convenio suscrito entre Nación y Provincia, mediante el cual se trasladaba “a título gratuito el dominio y la explotación del Puerto” a la jurisdicción fueguina. Según la interpretación provincial, la intervención actual rompe ese acuerdo histórico.
Con esta medida cautelar, la Provincia intensifica su estrategia legal para recuperar el control pleno del puerto, en un conflicto que ya lleva semanas y que ha generado movilizaciones gremiales y un fuerte debate político sobre la autonomía provincial frente a las decisiones del gobierno nacional.
