El Ministro de Seguridad bonaerense cruzó al Gobierno nacional por su proyecto de reforma penal juvenil. Presentó datos que muestran que solo el 2,5% de las causas involucra a menores y defendió las políticas de prevención provinciales que redujeron 20% los homicidios juveniles.
Javier Alonso desarma la estrategia punitiva de Milei: “Bajar la imputabilidad es puro marketing, las bandas reclutarán niños más chicos”
En un discurso técnico y políticamente contundente, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, desarticuló los argumentos del Gobierno nacional para impulsar la baja de la edad de imputabilidad penal. Lo calificó como “puro marketing político” y advirtió un efecto perverso: si la edad baja a 13 años, las organizaciones criminales simplemente reclutarán niños de 11 o 12.
“El delito organizado siempre se adapta a las reglas del sistema“, explicó Alonso, en una crítica directa a la agenda punitiva del presidente Javier Milei. Según el funcionario bonaerense, el debate instala “una falsa solución frente a una sociedad que reclama respuestas serias”, desviando la atención de lo que realmente funciona.
Duros números contra la narrativa oficial
Desde su rol de responsable de la seguridad del distrito más poblado del país, Alonso aportó estadísticas que contradicen la narrativa de una ola delictiva juvenil incontrolable:
- De más de un millón de investigaciones iniciadas anualmente, solo el 2,5% corresponde al fuero penal juvenil.
- En homicidios, la participación de menores alcanza el 8,3%.
- Las políticas de prevención y acompañamiento provinciales lograron reducir en un 20% los homicidios cometidos por menores.
“El eje no está puesto en la edad sino en evitar que los pibes lleguen a cometer delitos graves“, remarcó, defendiendo el modelo de inclusión e intervención temprana que implementa la provincia.
La batalla ideológica: prevención vs. castigo
El cruce expone una división conceptual profunda en materia de seguridad y justicia penal. Mientras el Gobierno nacional avanza con una retórica de “mano dura” y reformas en el Código Penal, la gestión bonaerense insiste en que la reducción del delito se logra con inversión social y políticas integrales, no con modificaciones aisladas en la ley.
Alonso cuestionó específicamente la falta de inversión del Estado nacional en políticas sociales y de seguridad con enfoque preventivo. “Esto no es una cuestión de consignas de campaña, es una cuestión de responsabilidad de gestión“, afirmó.
Desmitificando la “impunidad” juvenil
El ministro también rechazó el relato sobre la supuesta impunidad de los menores infractores. “Los casos más violentos terminan con los responsables alojados en institutos“, aseguró, acusando al Gobierno nacional de instalar una “estrategia discursiva que busca impacto mediático antes que soluciones reales”.
La intervención de Alonso marca un posicionamiento claro de la provincia frente a una de las banderas más fuertes de la gestión de Milei, y promete alimentar un debate que ya divide a especialistas en justicia juvenil, derechos humanos y políticas de seguridad.
Con el proyecto nacional aún en discusión legislativa, el enfrentamiento entre la visión bonaerense y la federal se perfila como uno de los ejes del debate político-judicial de los próximos meses, donde los datos duros y los resultados de gestión chocarán contra la retórica de la “tolerancia cero”.
