El Gobierno oficializó la inclusión de la polémica reforma del Régimen Penal Juvenil en sesiones extraordinarias. Bullrich afirma que definirá “quién defiende a delincuentes”. Incluye también reforma laboral y tratado UE-Mercosur.
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, firmaron el Decreto 53/2026 mediante el cual se incluyó oficialmente la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el próximo 2 de febrero. La medida, adelantada por la senadora y exministra Patricia Bullrich, reinstala en el centro del debate político uno de los temas más sensibles y divisivos: la baja en la edad de imputabilidad de menores.
La iniciativa llega al recinto con un discurso confrontativo ya instalado. Bullrich, en su cuenta de X, sentenció: “Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”. Este marco, que estigmatiza el debate y busca polarizar, pone en duda la posibilidad de un análisis técnico y desapasionado sobre un tema que requiere precisiones jurídicas, evidencia criminológica y consensos amplios en materia de derechos humanos.
Una agenda cargada y de alto impacto
Además de la reforma penal juvenil, el temario de extraordinarias incluye otros cuatro proyectos clave del Ejecutivo:
- La reforma laboral, cuyo ingreso al Parlamento está previsto para el 11 de febrero.
- El Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, recientemente firmado.
- Un proyecto para la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares.
- La designación de Fernando Iglesias como embajador.
Análisis Crítico: El atajo de las extraordinarias y la justicia penal adolescente
El uso de las sesiones extraordinarias para impulsar una reforma de semejante calado social y jurídico es, en sí mismo, un ejercicio de fuerza política que limita el debate parlamentario profundo. La estrategia busca capitalizar la imagen de “mano dura” y aprovechar la disciplina partidaria que suele imperar en estos períodos.
Expertos en justicia juvenil han alertado repetidamente que bajar la edad de imputabilidad no reduce la inseguridad, tal como lo demuestran experiencias fallidas en la región. Por el contrario, puede sobrecargar un sistema penitenciario ya colapsado y aumentar la reincidencia al exponer a adolescentes a circuitos criminales adultos, en lugar de fortalecer sistemas socioeducativos de reinserción.
El riesgo de legislar desde el eslogan
El enfoque propuesto por Bullrich y adoptado por el oficialismo simplifica un problema complejo. Reduce la discusión a una falsa dicotomía entre “víctimas” y “delincuentes”, invisibilizando las causas estructurales de la participación adolescente en delitos (pobreza, exclusión, falta de acceso a educación y salud) y el derecho a la reinserción social que mandata la Constitución y los tratados internacionales.
Al incluirla en un paquete con la reforma laboral y el tratado comercial, el Gobierno parece buscar intercambios y negociaciones políticas, tratando a la justicia juvenil como una moneda de cambio más que como una política de Estado urgente y consensuada.
Conclusión:
La inclusión de la reforma penal juvenil en extraordinarias marca el inicio de una batalla legislativa y cultural de alto voltaje. Más allá de los eventuales resultados, el debate ya está planteado en términos que priorizan la retórica punitivista sobre la evidencia y los derechos, en un contexto donde la profundización de la crisis social podría aumentar, paradójicamente, la vulnerabilidad de los jóvenes que el sistema pretende “corregir”.
