La Provincia aseguró que la medida del Gobierno Nacional carece de fundamentos y afecta la autonomía provincial y el normal funcionamiento del puerto.
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur emitió un comunicado oficial en el que fijó su postura institucional frente a la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) el miércoles 21 de enero.
En el documento, la Provincia expone cinco puntos centrales en los que sostiene que no existen razones objetivas que justifiquen una medida de esa magnitud. Según se detalla, el propio acto administrativo de intervención resulta contradictorio, ya que inicialmente inhabilita la operación del puerto y luego deja sin efecto esa decisión en artículos posteriores.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el Puerto de Ushuaia funciona con normalidad y atraviesa una etapa de crecimiento sostenido. En la actual temporada se esperan más de 525 recaladas de cruceros y buques, con récords recientes de operatoria que permitieron recibir hasta 16 embarcaciones internacionales en menos de 24 horas y más de 30 en una semana, movilizando a más de 30 mil pasajeros y tripulantes.
Asimismo, se remarcó la confianza de operadores internacionales y la realización de importantes obras de infraestructura, como la extensión de 104 metros del muelle, que posibilitó duplicar la capacidad operativa en simultáneo.
El comunicado también aclara que la Ley Provincial N° 1596, que prevé el uso del superávit portuario para fortalecer la OSEF, no afectó la operatoria del puerto ni implicó transferencias de fondos a la obra social.
Finalmente, el Gobierno provincial expresó preocupación por las “narrativas” que rodean la intervención, al no existir argumentos vinculados a la administración ni a la infraestructura portuaria. En paralelo a los diálogos iniciados con autoridades nacionales, la Provincia confirmó que avanzará de manera inmediata con una demanda judicial, al considerar la intervención como un avasallamiento a la autonomía provincial garantizada por la Constitución Nacional.
