Denuncian a Javier Milei y Luis Caputo por posible malversación en venta de dólares antes del fin del cepo
La denuncia penal señala una venta anticipada de casi 400 millones de dólares a precio subsidiado por parte del Banco Central, en la previa de la liberación del cepo cambiario.
BUENOS AIRES.– El presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central Santiago Bausili fueron denunciados penalmente por una presunta malversación de caudales públicos, defraudación al Estado y uso de información privilegiada en la venta de casi 400 millones de dólares a un precio subsidiado días antes de la liberación del cepo cambiario.
La presentación judicial fue realizada por el abogado Leonardo Martínez Herrero en los tribunales de Comodoro Py. La operación se concretó el viernes anterior al anuncio del fin del cepo, con un tipo de cambio de $1.097,50, inferior al del mercado mayorista. En ese contexto, el Banco Central vendió una suma inusualmente alta en comparación con los días previos.
El abogado planteó serias dudas sobre quiénes accedieron a esa compra y si contaban con información privilegiada, ya que luego de esa operación el tipo de cambio se disparó.
⚠️ ¿Qué se investiga?
La denuncia incluye tres posibles delitos:
- Malversación de caudales públicos: por haber vendido dólares a precio bajo, perjudicando al Estado.
- Defraudación contra la administración pública: si se buscó beneficiar a ciertos compradores con acceso anticipado a información.
- Uso de información privilegiada: si se utilizó información no pública para realizar una operación financiera con ventaja indebida.
El expediente judicial ya fue sorteado y apunta también al directorio del Banco Central. Martínez Herrero solicitó además que se requiera al BCRA la documentación completa y, de ser necesario, que se allane la entidad para acceder a los registros.
“Esto no es el mundo cripto. Todo está registrado”, remarcó la periodista Vanesa Petrillo en C5N.
Esta sería la primera denuncia penal formal relacionada con la operación que precedió al fin del cepo. Las próximas semanas serán clave para determinar si hubo delito y quiénes fueron los beneficiarios de una maniobra que podría haber costado millones al Estado.
