Analizan pasar a jubilados como beneficiarios de planes sociales
La propuesta gubernamental deberá ser tratada en el Congreso, dado que las moratorias previas fueron establecidas mediante leyes parlamentarias. Se estima que actualmente hay más beneficios otorgados por moratorias (3.6 millones) que beneficios otorgados a aquellos que cumplieron con todos los aportes regularmente requeridos (3.2 millones).
El Gobierno evalúa la posibilidad de trasladar a los jubilados que accedieron mediante moratorias hacia un sistema de beneficios sociales, una medida que abarcaría a aproximadamente cuatro millones de personas. Según fuentes de la Casa Rosada citadas por Ámbito, esta iniciativa se enmarca en el compromiso del presidente Javier Milei de poner fin a las injusticias heredadas.
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) representó el año pasado un gasto equivalente al 7.2% del Producto Bruto Interno (PBI). El SIPA, concebido como el régimen general, opera junto a 13 cajas provinciales, 29 cajas municipales, 82 cajas de profesionales, 2 cajas de bancos públicos y cajas complementarias. Estas últimas, en general, tienen reglas más beneficiosas, lo que resulta en cerca de 240 regímenes que pagan alrededor de 10 millones de jubilaciones y pensiones.
Con respecto a la iniciativa del Ejecutivo, presentan una inusitada justificación. “Esta iniciativa forma parte de la decisión del presidente Milei de terminar con todas las injusticias heredadas”, afirmaron desde el entorno del mandatario según una nota escrita por Liliana Franco para Ámbito.
Según la evaluación oficial, la inclusión de casi cuatro millones de personas que se jubilaron mediante diversas moratorias, sin haber completado los aportes correspondientes, ha generado un desequilibrio en el sistema previsional. En este sentido, se considera injusto que se resten recursos a aquellos que contribuyeron regularmente durante su vida laboral.
Cabe señalar que en un contexto de creciente inflación, los jubilados han sido uno de los sectores más afectados, con una pérdida de ingresos estimada en alrededor del 30% en los últimos meses, según cifras de análisis privados.
En este marco, las opciones que están siendo evaluadas en las áreas gubernamentales contemplan no dejar sin asistencia a los jubilados que ingresaron al sistema mediante moratorias, sino trasladarlos a un esquema de subsidios vinculados a los planes sociales.
Hay que recordar que el gasto en jubilaciones y pensiones representa casi el 40% del gasto público total. Según datos de IDESA, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) representó el año pasado un gasto equivalente al 7.2% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, los aportes salariales sólo financian el 55% del sistema jubilatorio, mientras que el resto proviene de impuestos y transferencias del Tesoro. Esto se traduce en que existen 1.8 trabajadores aportando por cada persona que recibe un haber, cuando deberían ser al menos tres para garantizar la autosuficiencia del sistema.
