“Estamos hablando de empresas británicas radicadas en la Argentina, que tienen domicilio real en Ushuaia”
El ex combatiente Daniel Guzmán, titular del portal Agenda Malvinas, opinó sobre la instalación del radar de Leolabs en cercanías de Tolhuin y dijo que ya está confirmado que los capitales de las dos empresas subsidiarias son británicos e irlandeses. Le llamó la atención el desconocimiento de esta situación de parte de la diputada Mabel Caparrós, dado que dos de sus asesores están directamente vinculados con la filial local. Consideró que la Dirección Provincial de Energía también debe dar “alguna explicación” por la extensión de la red y las obras que hizo para que pudiera funcionar. “Durante todo este tiempo estábamos creídos de que se trataba de empresas norteamericanas cuando en realidad eran empresas británicas y así está registrado en la IGJ”, subrayó, a la espera de la visita de “un equipo de peritos de la Secretaría de Comunicaciones que depende de la Jefatura de Gabinete y de funcionarios del Ministerio de Defensa, que están que echan humo”, aseguró, porque “aparentemente no les habían dado toda la información”.
Daniel Guzmán, excombatiente y titular del portal Agenda Malvinas, dialogó con Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 sobre la noticia que trascendió a nivel nacional e internacional, vinculada con la instalación de radares por parte de empresas con capitales británicos en cercanías de Tolhuin.
“Tengo una gran cantidad de interrogantes y pocas respuestas. El año pasado se habló del tema pero no le di la trascendencia que tomó posteriormente. Se hablaba de la instalación de un radar para observar y controlar la chatarra espacial. Dicen que en la actualidad hay más de 23 mil partículas dando vueltas alrededor de la Tierra. Posteriormente fuimos viendo la significancia que tiene. A mediados del mes de junio se advierte que no se trataba de una empresa norteamericana sino de capitales británicos. Ahí me puse a investigar de qué cosa estaban hablando, si realmente decían la verdad o era una fake news. Hace tres sábados fui a Tolhuin, me puse a investigar y resulta que en el Boletín Oficial de Tierra del Fuego la IGJ había inscripto a dos empresas subsidiarias de LEOLABS SRL, una con sede en Londres y la otra con sede en Irlanda. Esto fue lo suficientemente serio porque estamos hablando de empresas británicas radicadas en la Argentina, que tienen domicilio real en Ushuaia”, alertó.
Hizo referencia al anuncio realizado el 13 de marzo de este año por el CEO de Laolabs INC, que tiene su central en California, y que fue “festejado por el embajador argentino en Washington, Jorge Argüelo; y por el embajador norteamericano en Argentina, Marc Stanley. Cuatro días antes Marc Stanley había estado en Tierra del Fuego en reunión con el gobernador y parte de los ministros, de lo que no se había dicho nada. Fue un hecho anunciado por la embajada y no por el gobierno de Tierra del Fuego”, dijo, como aspecto llamativo del entramado de este emprendimiento.
“El año pasado hubo una inscripción provisoria que fue autorizada, la DPE también autorizó la provisión de energía y se alquiló una hectárea en la zona de Tolhuin. Creo que Harrington no tiene ninguna responsabilidad primaria porque no es competencia del municipio. En la cadena de responsabilidades creo que a Daniel Harrington no le caben las generales de la ley, pero sí creo que la DPE alguna explicación tiene que dar sobre la extensión de la red y las obras que se hicieron. La pregunta es si lo pagó la empresa”, dijo.
Además dejó el interrogante sobre la diputada Mabel Caparrós, que tiene relación directa con los directivos locales de Leolabs. “Cuando empecé a buscar la información en la IGJ aparece Pablo Bilbao como representante legal y en el cuerpo gerencial María Victoria Cerone y Diego Mancini, a quien no se le conoce ningún tipo de conocimiento en esta materia, actual subsecretario del Ministerio de Obras Públicas de la provincia. Es el hijo del ex presidente de la DPE y tanto Pablo Bilbao, que es el ex yerno de Mabel Caparrós, como María Victoria Cerone, son asesores de la diputada. En la Cámara de Diputados aparece María Victoria Cerone, pero Mabel Caparrós dijo que también está Pablo Bilbao asesorándola. Yo le pregunté a Mabel si ella estaba informada de que sus asesores estaban vinculados con la empresa y dijo que no, que tampoco estaban obligados a decirle lo que hacen en la faz privada. Realmente llama la atención y algo de ruido hace que ante la trascendencia de este proyecto no le hayan dicho nada a la diputada nacional”, observó.
“Durante todo este tiempo estábamos creídos de que se trataba de empresas norteamericanas cuando en realidad eran empresas británicas y así está registrado en la IGJ. Yo tenía información de compañeros que trabajan a nivel nacional y me pidieron que estuviera atento, porque en estos días va a venir un equipo de peritos de la Secretaría de Comunicaciones que depende de la Jefatura de Gabinete y es posible que venga la gente del Ministerio de Defensa, donde están que echan humo. Había una situación de malestar en el Ministerio de Defensa porque aparentemente no le habían dado toda la información. Cuando se publica lo que dice el Boletín Oficial y la IGJ, no había ninguna duda de lo que estábamos hablando”, manifestó.
Reacción tardía
Además aludió a la reacción tardía de la comisión especial de Malvinas de la Legislatura, que recién se está convocando para esta semana. “La comisión 7 de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha convocado a una reunión ya cuando el techo se les cayó sobre la cabeza, no antes. Esto habla de la poca importancia que la dirigencia política le da a la cuestión Malvinas”, cuestionó.
Comunicado de veteranos
También dio cuenta del pronunciamiento de la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra el pasado 8 de julio. “Hizo un documento y ha pedido la remoción del campo de antenas que conforman el radar. Es una entidad que nuclea a las 22 comisiones de Argentina. Ayer por la mañana Andres Dachary reconoció que el 95% de los capitales de la empresa son irlandeses y el 5% es del Reino Unido. Yo no estoy de acuerdo con que retiren el radar, sino que el Estado argentino y fueguino deberían hacerlo propio, expropiarlo y utilizarlo en términos soberanos. Tirar abajo semejante inversión no sería producente. Me parece muy bueno que el secretario de Malvinas de Tierra del Fuego haya reconocido que no son empresas norteamericanas sino británicas. Dice que esas antenas cuando vinieron los peritos de la Jefatura de Gabinete verificaron que no tiene funcionalidad militar, y el secretario Dachary dice que su espacio de observancia está más allá de los mil kilómetros de altura, donde Argentina no tiene potestad soberana. He hablado con funcionarios de Cancillería y dicen que no es correcto, que no hay limitación de la soberanía espacial de la Argentina ni de ningún país”, expresó, exponiendo otra contradicción del funcionario provincial.
Respecto de los integrantes del directorio, el Teniente General Juan Martín Paleo aseguró que “hay ex miembros del Departamento de Defensa de los Estados Unidos”, y se ha advertido que la zona puede ser un objetivo militar. “No quiero que nos tomen de tontos”, replicó Guzmán, sobre los intereses ocultos detrás de la instalación de estos radares.
Hoy sesiona la Legislatura y podría haber un pronunciamiento sobre este tema, o un pedido de informes para que el gobierno provincial dé explicaciones. “Vamos a estar atentos a esto, pero no puede haber empresas británicas en Tierra del Fuego. Ahí no hay discusión”, concluyó.
Fuente: Provincia 23
