El gobierno boliviano reivindicó su proyecto anticorrupción en la obra pública
El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, defendió hoy el proyecto de “Ley de sistema de gestión de riesgo para la prevención y lucha contra la corrupción” que presentó el Gobierno y destacó especialmente la cláusula que permitirá anular contratos y recuperar la inversión de una obra adjudicada si se comprueban ilícitos.
“Si alguna empresa, a lo largo de la vigencia de su contrato, comete un acto ilícito, un acto de corrupción, se aplicará la cláusula anticorrupción y eso significará que terminemos el contrato con esa empresa y recuperemos inmediatamente los recursos públicos que se hayan destinado a esa obra, contratación o cualquier servicio que hayamos contratado”, explicó Lima.
La aplicación de la cláusula anticorrupción será obligatoria para todas las empresas que firmen un contrato con el Estado.
Esta cláusula anticorrupción, según la estatal agencia ABI, tiene aplicada por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
“En el mundo se busca que estas cláusulas obliguen a las partes a no incurrir en ninguna práctica de corrupción, en ninguna práctica que pueda afectar la transparencia del contrato”, indicó Lima.
El ministro reseñó que actualmente, si aparece un eventual hecho de corrupción en alguna obra, para la recuperación de los capitales se debe ir ante un juez para anular el contrato y luego recién activar un proceso coactivo contra la empresa.
Si se aprueba el proyecto de ley, este procedimiento se “facilitará” porque el contrato establecerá una “manera inmediata de interrumpir el acuerdo y de recuperar el patrimonio de los bolivianos”.
El proyecto normativo fue diseñado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con el objetivo de reforzar la prevención y generar alertas tempranas.
La iniciativa establece la gestión de riesgos a través de la digitalización de la información pública, sea por parte de entidades estatales y funcionarios, como por empresas privadas que, producto de procesos de licitación, capten recursos económicos del Estado.
El proyecto, de 8 artículos y 4 disposiciones adicionales, fue presentado el lunes último por el Gobierno de Luis Arce.
