Embarazadas rusas: investigan supuesta organización dedicada a gestionar documentos en tiempo récord
La jueza federal implantó hoy el secreto de sumario en la causa en la que se investiga a una supuesta organización dedicada a gestionar en tiempo récord documentación para ciudadanos rusos, en su mayoría mujeres embarazadas, llegados a este país en los últimos meses, informaron fuentes del caso.
La causa se inició en diciembre, tramita ante el juzgado federal 1, que encabeza la jueza María Servini y que por estas horas subroga el juez Ariel Lijo, y quedó hoy en secreto de sumario a partir de los que los investigadores comenzaron a trabajar sobre algunos indicios cuya difusión podría hacer trastabillar la investigación.
La misma apunta a una organización que habría gestionado de modo irregular, y en escaso tiempo, el otorgamiento de residencias permanentes en la Argentina para ciudadanos rusos, entre los cuales sobresalen numerosos casos de mujeres embarazadas que llegaron al país a dar a luz a sus hijos.
Quienes siguen el caso sostienen que tras el nacimiento de los hijos de las mujeres rusas embarazadas, la organización les garantizan la ágil tramitación de sus respectivas ciudadanías y, luego, la obtención del pasaporte para poder utilizarlo en otras partes del mundo donde les sería más difícil moverse con pasaportes rusos.
Una línea de investigación conduciría a identificar a distintos “gestores” que aportan a la trama de falsos certificados de domicilio para que las ciudadanas rusas puedan avanzar con los trámites.
Esta mañana, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que el Gobierno está aportando “todos los elementos” para que los jueces puedan “entender qué hay detrás de estas organizaciones mafiosas” que traen al país a las mujeres rusas embarazadas y ratificó que los extranjeros que quieren acceder al pasaporte nacional inician el trámite en la Justicia federal, no en el organismo que ella conduce.
Carignano sostuvo que las mujeres de nacionalidad rusa que llegan a parir al país son “víctimas” de organizaciones que “se aprovechan” del convenio existente entre la Argentina y Rusia, y que permite que las personas de dicho país no tengan que presentar visa para permanecer durante tres meses en condición de turista o para realizar actividades que no sean remuneradas.
