Primera reunión informativa en Diputados sobre la creación de un fondo para el pago de deuda
Abogados constitucionalistas, funcionarios y economistas expusieron hoy en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero fugado al exterior.
A lo largo de la reunión, conducida por la presidenta de la comisión de Legislación General, la oficialista Cecilia Moreau, expusieron el constitucionalista Eduardo Barcesat, el economista Andrés Edelstein, las economistas Noemí Brenta y Mercedes D’Alessandro, el investigador de Flacso Pablo Manzanelli, los profesores Guido Lorenzo y César Litvin y el licenciado en Economía Horacio Rovelli.
Los expositores tuvieron visiones encontradas sobre el proyecto aprobado por el Senado, ya que Barcesat, D’Alessandro, Rovelli, Manzanelli y Brenta expresaron su respaldo a este proyecto sancionado por el Senado, Litvin, Lorenzo y Edelstein manifestaron objeciones a esa iniciativa.
Juntos por el Cambio (JxC) anticipó su rechazo al proyecto y el interbloque Federal también tiene reparos al texto votado en el Senado. Hasta ahora el Frente de Todos (FdT) tiene garantizado el apoyo de los cuatro legisladores de Provincias Unidas.
El oficialismo tiene 117 votos y debe conseguir el respaldo de otra docena para alcanzar los 129 necesarios para aprobar la iniciativa, mientras que JXC tiene 116 votos y su posición es compartida por los cuatro legisladores de la bancada de derecha, mientras la izquierda se opone a pagar cualquier acuerdo con el FMI.
El proyecto, elaborado por el senador oficialista Oscar Parrilli, también tiene giro a la comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que no se descarta que en los próximo días se decida incorporar a ese cuerpo de trabajo.
El primer orador que expuso fue Barcesat, quien afirmó que “una Nación que ostenta, como la Argentina, una deuda externa de una magnitud equivalente al Producto Bruto Interno, evidentemente no está en condiciones materiales satisfactorias para promover el bienestar general de la Nación”.
Señaló que el artículo 75 que “refiere a las actividades de los cuerpos del Congreso de la Nación. Recordemos que el inciso 4 es la que faculta al Poder Legislativo a contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y más específicamente su inciso 7 la que establece el proceder a arreglar el pago de la deuda interior y exterior”.
“Recalco esto porque es menester poner de relieve que en la Convención Constituyente del año ’94 no es que estos incisos fueron intocados, sino que fueron revalidados por la Convención Constituyente y aprobaron con un enorme número de votos, es decir las fuerzas políticas mayoritarias y otras apoyaron mantener en cabeza del Poder Legislativo de la Nación tanto esas facultades de contraer empréstitos como de arreglar la deuda externa”, dijo.
Por su parte, el contador y economista Edelstein dijo que “los medios elegidos para dotar de recursos para el pago de la deuda externa no es mas que un blanqueo, pero lo cierto ese mecanismo es lo que observa algunos reparos u observaciones”.
Agregó que “si la finalidad se mantiene y avanza, sería preferible analizar en sustitución de un régimen de estas características, dotando al fondo con la recaudación incremental que se logre como consecuencia del accionar del fisco”.
En tanto, el licenciado en economía Rovelli rechazó los cuestionamiento a la ley y dijo que “es imprescindible que se haga ley está sanción que viene del Senado de la Nación. Es vital que funcione esta comisión bicameral de control y seguimiento de los contratos y pagos de la deuda para que se haga la debida investigación”.
En ese sentido agregó que es fundamental esa investigación porque “sospechamos que los bancos no cumplieron con la ley 25246 que es la ley de lavado, que exige a los bancos que cuando se compren divisas se sepa la procedencia de esos fondos y nosotros creemos que no se hizo”.
En tanto, el investigador Manzanelli afirmó que “este proyecto apunta a una porción de la fuga de capitales que tiene que ver con la deuda que no está declarada y ubicada en el exterior. Es un acierto conectar la deuda con la fuga”.
Rechazó a los detractores del proyecto que “plantean artilugios técnicos que esta iniciativa no es correcta sin proponer una alternativa”.
Por su parte, la economista e investigadora del Conicet Brenta respaldó la iniciativa sancionada por el Senado al señalar que “el Fondo Monetario y sus políticas hemisféricas nos condicionan permanentemente y lo estamos viviendo actualmente en estos tiempos; por eso es tan importante salir de la deuda con el FMI, y esta ley nos proporciona un camino para eso”.
El economista Lorenzo dijo que el proyecto aprobado en el Senado “carece de sentido” y señaló que tiene “una mala práctica e inequidad con los contribuyentes que están en regla”, dado que propone “una alícuota diferencial muy baja que perdonaría o una amnistía fiscal y eso generará desincentivos y por lo general no es aconsejado y más aún hacerlo de manera sistemática”.
El tributarista Litvin señaló que “le llama la atención que tiene este régimen casi indefinida en el tiempo y me debe corregir si es es un impuesto o es una sanción y si es un impuesto debería haber ser debatido por la cámara de Diputados, y si es una sanción es impropia ya que castiga un comportamiento en particular porque se contradice con el régimen sancionatorio”.
La economista y ex funcionaria D’Alessandro señaló que “si no avanzamos sobre este proyecto, la deuda la va a pagar el pueblo trabajador todos los días, y esto es muy injusto; porque ya nos extrajeron este dinero que se fugó, y encima vamos a tener que seguir pagando hacia adelante”.
El pasado 12 de mayo el proyecto fue avalado por 37 votos positivos del Frente de Todos y un par de aliados, contra 31 negativos de Juntos por el Cambio y otros monobloques.
El texto de la iniciativa establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI.
Agrega que sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para las recompensas a los colaboradores. Además, determina que el fondo será administrado por el Ministerio de Economía.
El proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
El objetivo es pagar la deuda de más de 44.000 millones de dólares con el FMI contraída por el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2018.
