México: Dictan prisión para el jefe de la comisaría de Iguala durante la desaparición de los 43 estudiantes
Un juez federal de México dictó auto de formal de prisión contra Luis Dorantes, quien era jefe de la comisaría de la localidad de Iguala, en el estado Guerrero, en el sur de México cuando desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en 2014.
El expolicía fue acusado por el delito de desaparición forzada agravada a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, informó hoy la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las investigaciones, Dorantes probablemente tuvo conocimiento de la detención de los estudiantes en tiempo real y posteriormente negó los hechos, el posible destino y paradero de las víctimas, replicó el periódico El Universal.
El ex mando policial fue detenido el 18 de enero pasado, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida en septiembre pasado por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, cuando la investigación reveló indicios de su presunta complicidad en los hechos.
A diferencia del resto de los integrantes de la Policía Federal que trabajaban en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes, Dorantes no fue sancionado por el régimen disciplinario de la corporación porque renunció el 23 de octubre de 2014.
De ese modo, también evadió prestar declaraciones.
Dorantes había sido nombrado jefe de la comisaría el 15 de febrero de 2012 por el entonces titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, acusado de delito de tortura en agravio de dos de los presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco y actualmente fugado.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.
La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación.
