Malvinas | Excombatientes denuncian que represores cobran pensiones como veteranos de guerra
Unos 60 represores procesados, imputados e incluso condenados por delitos de lesa humanidad cobran “pensiones honoríficas” como veteranos de la guerra del Atlántico Sur, denunció el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.
La entidad que agrupa a los soldados que pelearon en Malvinas se puso “a disposición” esta semana de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para revisar las “irregularidades detectadas” en el otorgamiento de esos beneficios, que comenzaron a otorgarse en los años 90.
La información surgió a partir de un relevamiento, al que tuvo acceso Télam, elaborado por esta entidad, en base a datos que se encuentran en los registros del organismo que regula la seguridad social en el país y que pueden consultarse por internet.
“El decreto 1357/04 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner estableció que esta pensión no podía ser cobrada por quienes hubieran cometido violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la patria o el orden constitucional. Por eso creemos hay irregularidades que deben ser corregidas”, señaló a esta agencia Ernesto Alonso, dirigente del CECIM.
Sin embargo, hay en esa lista personal militar que cobró la pensión y que aún la percibe, a pesar de estar involucrados en crímenes de terrorismo de Estado.
Entre ellos figura Julio César Binotti, un represor de la ESMA condenado a prisión perpetua y denunciado por haber estaqueado soldados en Malvinas, y pese a todo conserva el beneficio de esta pensión.
Otros de los condenados por delitos de lesa que figuran en esta lista son el ex capitán Carlos Esteban Pla, condenado por delitos de lesa humanidad en San Luis; el ex contralmirante y represor de la ESMA Edgardo Otero y el ex teniente de navío Francisco Lucio Rioja, que se ganó fama de torturador en el centro clandestino de detención más grande montado por la Armada en plena Ciudad de Buenos Aires.
También aparecen procesados y con prisión preventiva como el coronel Daniel Alejandro Delfor Polano, imputado por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, acusado de tormentos contra soldados en Malvinas y sindicado por haber participado en un atentado perpetrado en 1970 contra la sede que la AMIA tenía en la ciudad de La Plata.
En esa condición también se encuentran el teniente coronel Luis Alberto López y el coronel Carlos Salvadores Carrizo, imputado por la masacre de Capilla del Rosario y en libertad tras pagar una fianza de 100 mil pesos.
“Muchas veces, el argumento para mantener esta pensiones es la falta de una condena firme sobre los delitos que se imputan. Pero nos parece que para la ilegalidad no puede haber un derecho adquirido, y más cuando se trata de una pensión honoraria. Los torturadores carecen de honor”, afirmó Alonso.
En base a denuncias presentadas por organismos de derechos humanos y agrupaciones de ex soldados de Malvinas, se logró que muchos represores dejaran de percibir estas pensiones que cobraron por años.
Es el caso de los ex oficiales navales Antonio Pernías, Jorge Acosta y Juan Carlos Rolón, emblemáticos represores de la ESMA que durante años cobraron estos haberes hasta que fueron denunciados.
Hace una semana, el diario alemán Bild, reveló que el ex oficial naval Luis Esteban Kyburg, requerido por la Justicia argentina por presuntos delitos de lesa humanidad que habría cometido en Mar del Plata, reside en un barrio de Berlín, donde obtuvo la ciudadanía germana.
El CECIM denunció el caso de Kyburg en 2015, cuando llevaba dos años prófugo de la Justicia, ante la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises) que entonces encabezaba Gabriel de Vedia.
“El beneficio que cobraba se suspendió. Pero lo llamativo era que estando prófugo, Kyburg presentaba a través de sus representantes legales recursos para seguir cobrando”, indicó Alonso.
Las pensiones a los veteranos de guerra comenzaron a otorgarse en los años ’90 por iniciativa del gobierno de Carlos Menem y en base a las leyes de impunidad (Punto Final, Obediencia Debida e Indultos), varios represores percibieron estas prestaciones hasta el día de sus fallecimientos.
En 1991 se sancionó la ley 23848 para que cobren los soldados conscriptos que habían estado en Malvinas durante la guerra; y seis años después se sancionó otra normativa, que ampliaba el beneficio a militares de carrera que habían estado en el teatro de operaciones al momento del conflicto bélico y debían estar retirados o de baja para poder acceder a esta pensión honorífica.
Con el decreto 1357 del 2004 se estableció que los veteranos de guerra iban a recibir una pensión equivalente a tres jubilaciones mínimas y que cobrarían por Anses, siempre y cuando no tuvieran acusaciones por delitos de lesa humanidad, y en al año siguiente, con otro decreto, el 886, se resolvió ampliar a este beneficio al personal militar, que podían cobrar una vez que se retirarán,
Entre los casos de represores más emblemáticos que siguieron cobrando figuraba Mario Benjamín Menéndez, ex gobernador de Malvinas durante la guerra, que cobró esta pensión hasta que falleció, a pesar de las responsabilidades en lo penal militar que se le atribuyeron en el informe Rattembach por su actuación durante el conflicto bélico con Gran Bretaña.
Es el mismo caso del general Juan Ramón Mabragaña y el teniente coronel Ítalo Angel Piaggi, nombrados en el informe Rattembach y acusados por delitos de lesa humanidad.
Estos listados fueron presentados al fiscal De Vedia, quien actualmente se desempeña en el fuero federal de la seguridad social.
El CECIM presentó además una nota a la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, para proponerle que los beneficiaron presenten de forma periódica un certificado de antecedentes penales expedido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
