La intervención y caída del Ueno Bank generó protestas de ahorristas en Asunción y puso en jaque al presidente Santiago Peña. Todo el directorio de la entidad fue detenido y se investiga el destino de los fondos.
La caída del Ueno Bank en Paraguay generó una fuerte crisis política y financiera. La intervención de la entidad provocó protestas de ahorristas en Asunción y puso en jaque al presidente Santiago Peña.
Todo el directorio del banco fue detenido. Además, se investiga el destino de los fondos y el impacto de la caída sobre los ahorros de clientes y del Instituto de Previsión Social (IPS) del país.
Protestas y tensión en Asunción
Tras el cierre de la entidad, ahorristas realizaron vigilias y protestas en la ciudad de Asunción. Algunos manifestantes exigieron la devolución inmediata de su dinero.
La situación derivó en enfrentamientos entre los ahorristas y la policía. Las imágenes de las protestas mostraron la preocupación de quienes mantenían depósitos en el banco.
El presidente tardó en hablar
El presidente Santiago Peña tardó casi 12 horas en referirse públicamente al caso. Esa demora generó críticas y aumentó la presión política sobre su gobierno.
La crisis ocurre en un contexto de fuerte conmoción social. La caída del banco no solo afecta a los ahorristas, sino que también pone en duda la solidez del sistema financiero paraguayo.
Riesgo para fondos previsionales
Uno de los puntos más delicados del caso es la posible afectación de los fondos del Instituto de Previsión Social de Paraguay. Según el informe de Página/12, la caída del Ueno Bank hace peligrar incluso esos recursos.
El IPS administra aportes previsionales y presta servicios de seguridad social. Por eso, cualquier pérdida o restricción sobre esos fondos podría tener consecuencias directas sobre jubilados, trabajadores y beneficiarios del sistema.
Una crisis con impacto político
La intervención del banco y las detenciones abren un escenario de alta incertidumbre. La investigación deberá determinar si existieron irregularidades en la administración de los fondos y qué responsabilidades corresponden a los directivos detenidos.
Para el gobierno de Peña, el caso representa un problema político importante. La demora en la respuesta oficial, las protestas callejeras y el riesgo sobre fondos previsionales generan un clima de desconfianza que el gobierno deberá intentar controlar.
