Tras la falta de consenso en el Consejo del Salario, se oficializó un incremento escalonado hasta agosto de 2026. El nuevo básico impactará en prestaciones sociales y desempleo.
Por Paralelo/54
La Política Salarial en el Límite: Un Salario Mínimo que Pierde Terreno frente a la Inflación
En un escenario de diálogo social fracturado, el Gobierno nacional oficializó por decreto una nueva escala para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La decisión, que abarca desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026, llega tras un nuevo fracaso de negociación en el Consejo del Salario y proyecta aumentos mensuales que, según economistas, corren el riesgo de quedar por detrás de la inflación futura.
La Resolución 9/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, cristaliza la hoja de ruta para el ingreso básico de los trabajadores en los próximos 22 meses. La firma de la presidente alterna del Consejo, Claudia Silvana Testa, sella una actualización que surge no de un pacto entre trabajadores, empresarios y el Estado, sino del ejercicio de la facultad ejecutiva, un mecanismo que se ha repetido desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Los Números de una Escala Previsible
El SMVM, que se mantuvo congelado en $322.200 desde agosto, tendrá un primer ajuste leve en noviembre (a pagar en diciembre) a $328.400, un incremento de apenas $6.200 (1.9%). A partir de allí, la escala establece aumentos mensuales casi constantes, llevando el básico a $376.600 para agosto de 2026.
Esta proyección implica un crecimiento total de aproximadamente 15% en 22 meses, una trayectoria que, en un contexto económico donde las proyecciones inflacionarias para 2026 aún son inciertas, genera escepticismo. “Una escala preanunciada y rígida, sin cláusula de revisión, es una apuesta riesgosa. Si la inflación repunta, el poder adquisitivo del salario mínimo se erosionará rápidamente”, analiza un economista laboral consultado.
Impacto Real: Más Allá del Salario en Mano
Es crucial entender que el SMVM tiene hoy un efecto marginal directo sobre la masa salarial privada, donde la mayoría de los convenios colectivos negocian pisos muy por encima de este valor. Su impacto principal se traslada a la economía de las prestaciones sociales.
El tope de la Prestación por Desempleo se ajusta en paralelo al SMVM. Según la ley, esta prestación no puede superar el 100% del salario mínimo. Por lo tanto, un trabajador despedido que cobraba un salario de mercado, recibirá un seguro de desempleo cuyo tope máximo será, precisamente, el valor del SMVM. En la práctica, esto significa que la red de contención para los desempleados se ancla a un valor que, en muchos casos, ya está por debajo de la línea de pobreza para un hogar.
La Crónica de un Diálogo Roto
La resolución oficial es explícita al señalar que “no hubo acuerdo” en el Consejo del 26 de noviembre. Este escenario consolida una dinámica de unilateralismo en la política de ingresos. Para los sindicatos, es un paso atrás en la conquista histórica de la negociación tripartita. Para el Gobierno, es la aplicación del mecanismo legal previsto para cuando el consenso es imposible.
La pregunta que flota en el ambiente económico es si esta escala, más que proteger el ingreso de los más vulnerables, funciona principalmente como un ancla contable para las cuentas públicas, al limitar el gasto en subsidios al desempleo y otras asistencia indexadas, mientras delega en la negociación privada la definición de los salarios reales de la economía. El tiempo, y la evolución de los precios, darán la respuesta.
