La comuna se constituyó como querellante por la ocupación ilegal en Barrios Escondido y Esperanza II. Presentó mensajes donde un referente se atribuye ser “el dueño de la montaña”. Sostienen que no era por necesidad de vivienda.
La Municipalidad de Ushuaia elevó una denuncia penal y se constituyó como parte querellante por la ocupación ilegal de terrenos públicos ocurrida el 17 de octubre en los barrios Escondido y Esperanza II, un hecho que calificó como “organizado y coordinado” y del que presentó audios y mensajes como prueba clave.
La presentación fue realizada ante el Juzgado de Instrucción N°3 por el secretario de Gobierno, César Molina Holguín, y el jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte. El objetivo de la querella es acompañar activamente la causa judicial y aportar todas las pruebas recolectadas, que incluyen comunicaciones donde se promovió el ingreso al predio, el armado de estructuras y el desmonte del bosque urbano.
Audios reveladores y contexto electoral
Entre las pruebas presentadas, se destacan audios atribuidos a uno de los principales impulsores, Diego Cerroti. En las grabaciones, que forman parte de la causa, el hombre llega a afirmar que “es el dueño de la montaña” y menciona que los ocupantes “estaban calzados”, en alusión a la posible posesión de elementos para intimidar.
El Municipio subrayó que los hechos ocurrieron a una semana de las elecciones nacionales y que las personas identificadas no figuran en el padrón de demanda habitacional ni tienen antecedentes en programas sociales. “Permite inferir que no existía una necesidad real de vivienda”, señaló el comunicado oficial, sugiriendo la existencia de “intereses de otra índole, de carácter político y/o pecuniario”.
Compromiso con la legalidad y el acceso regular al suelo
Frente a lo sucedido, la comuna reafirmó su política de acceso regular al suelo a través de los programas de la Secretaría de Hábitat, garantizando que toda asignación de tierras se realice con “criterios de equidad, planificación y respeto por la normativa vigente”. La denuncia busca, en definitiva, proteger el patrimonio público y preservar el orden urbano, solicitando las medidas necesarias para esclarecer los hechos y determinar todas las responsabilidades.
