El Diputado de La Libertad Avanza eligió priorizar sus intereses comerciales sobre el derecho a la educación. Al negar fondos al sistema público, beneficia directamente a la universidad privada de la cual es representante en Tierra del Fuego. Un conflicto de interés expuesto en una votación clave.
En una sesión de la Cámara de Diputados, el legislador Santiago Pauli (La Libertad Avanza) ejerció su voto en contra de un proyecto de financiación para las universidades públicas nacionales. Lejos de ser una postura ideológica aislada, este acto representa la materialización de un conflicto de interés tangible: Pauli es el representante de la Universidad Privada Siglo 21 en la provincia, a cargo de su centro de estudios.
Mientras desde su escaño debilita sistemáticamente al sistema de educación superior gratuito, fuera del recinto impulsa y se beneficia de un negocio privado que crece ante el desfinanciamiento estatal.
El mapa de un conflicto de interés: del voto en Diputados al negocio privado
La conexión es directa y está documentada. El voto de Pauli no fue una abstracción; fue una acción legislativa concreta que perjudica a la universidad pública y, por oposición, crea un terreno fértil para el mercado de la educación paga.
Esta doble función – legislador de la educación y empresario educativo privado – evidencia una colisión insalvable entre el deber público y el interés comercial. Su voto en la Cámara de Diputados no defiende los principios de sus votantes, sino el portfolio de la empresa a la que representa.
El doble discurso de la “anti-casta” expuesto en un hecho concreto
La retórica de Pauli y su espacio político contra “la casta” se desvanece ante la evidencia. La verdadera “casta” son aquellos que utilizan cargos públicos para favorecer sus negocios privados. Al restar recursos a la educación pública, Pauli no está “ajustando el cinturón del Estado”; está direccionando potenciales estudiantes y recursos hacia su emprendimiento comercial.
La familia Pauli, lejos de ser ajena al sistema, se ha insertado en él a través de múltiples frentes: negocios privados y cargos políticos, como el de su cuñado, también candidato de LLA. El votante fueguino merece representantes que defiendan la educación como un derecho, no como una cartera de clientes.
Ante esta situación, crece el pedido de que el diputado aclaré públicamente cómo compatibiliza su rol de legislador con la defensa de intereses comerciales privados que se ven directamente beneficiados por sus decisiones en la Cámara de Diputados.
